La ruptura tiene un precio

Por José María Triper

Primero ha sido los jueces con sus vivas al Rey y los seis nombramientos claves del Supremo en plena tensión con el Gobierno. Y ahora los que parece que empiezan a reaccionar son los empresarios.

En los últimos días hemos asistido a tres comunicados, tan claros como contundentes, de las principales asociaciones empresariales del país. Tanto CEOE, como la Cámara de España y el Círculo de Empresarios han expresado públicamente su defensa y lealtad al Rey, a la Monarquía, a la democracia y a la Constitución, al tiempo que expresan su profunda preocupación por las consecuencias económicas y sociales de la imagen de inseguridad jurídica y debilidad institucional que está transmitiendo el Gobierno de Sánchez a nivel internacional.

Parece que, por fin, los dirigentes del estamento empresarial se han dado cuenta de que desde el Gabinete de Moncloa se ha puesto en marcha un proceso de involución para acabar con el sistema político y de libertades y reconciliación surgido de la Transición, uno de cuyos riesgos más alarmantes es «que se pierda la confianza en el país», como ha denunciado el presidente de la patronal, Antonio Garamendi.

Pérdida de confianza por la inseguridad jurídica que provocan los intentos, ya sin disimulo, de ruptura de la unidad nacional, ruptura del orden constitucional y los ataques a la Jefatura del Estado, vergonzosamente consentidos incluso desde la Presidencia del Congreso, y que tienen un elevado coste económico en fuga de inversiones, en crecimiento y en empleo.

La inseguridad jurídica que provocan los intentos de ruptura de la unidad nacional tienen un elevado coste económico en fuga de inversiones y en empleo

Y esto en un país que, como hemos recordado en varias ocasiones, va sufrir este año una caída del PIB en torno al 12,8 por ciento, la mayor de la eurozona, que tiene ya seis millones de personas en el paro, incluyendo los afectados por los ERTE y los autónomos en cese de actividad, y con una deuda pública que ha superado el 110 por ciento del PIB y que precisa de la confianza de los mercados financieros para seguir siendo atractiva y mantener los bajos tipos de interés que ahora nos permiten respirar.

Pero no son sólo los indicadores. También los organismos internacionales y los analistas advierten de la tormenta perfecta que se avecina sobre España. Acabamos de conocer como el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha advertido al Ejecutivo sanchista de que «en medio de una segunda oleada de infecciones, el incipiente repunte económico corre peligro«, mientras recuerda que las características estructurales de nuestra economía hacen que el PIB sea particularmente vulnerable a los deterioros prolongados como los que representa el aumento de contagios que se está produciendo, sin que el Gobierno sepa como atajar y combatir salvo como medidas medievales y dictadas más por intereses políticos y sanitarios como la de los confinamientos.

En la misma línea, Axesor Rating ha rebajado también esta semana la calificación crediticia del Reino de España «por el impacto que la crisis sanitaria está teniendo sobre la economía en general y las finanzas públicas en particular», al tiempo que prevé una contracción del PIB del 11,8 por ciento para 2020, acompañado de un profundo deterioro de las finanzas públicas que elevará los niveles de déficit y deuda por encima del 10,4 y del 115 por ciento respectivamente y una tasa de paro que llegará al 20 por ciento de la población activa.

EL FMI advierte de que las características de nuestra economía hacen que el PIB sea muy vulnerable a deterioros prolongados como los que supone el aumento de contagios

Estos son sólo los últimos avisos, que se añaden a los ya avanzados por el Banco de España, la Unión Europea o la OCDE, y que parecen haber despertado a la representación empresarial. Tarde, sí; pero todavía a tiempo si las palabras de los comunicados van a ser continuados por firmeza y eficacia frente a los movimientos rupturistas y el despertar de una sociedad civil adocenada. Como afirmaba el magistrado y presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura, Manuel Almenar, «tenemos que defender las instituciones sobre las que se vertebra nuestro Estado de Derecho porque de su buen funcionamiento depende nuestra democracia». Y, retomando sus palabras, en esta tarea hoy no es momento para la resignación, sino de ilusión, esfuerzo y compromiso.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *