José María Triper

El Valor de la Experiencia


El voto del Ibex indigna a las empresas

Si para algo ha servido la apertura del curso político de Pedro Sánchez con los llamados «grandes del Ibex» como figurantes, aparte de para la propaganda y mayor gloria del presidente del Gobierno, ha sido para constatar la profunda división que existe en España entre el empresariado oficial y sus representantes y el empresario real, los autónomos y las pymes que se juegan su dinero, no el del accionista, y que supone más del 98% del tejido empresarial de este país.

Una foto que Sánchez necesitaba para mostrar a los «jefes» de Bruselas que es él el elegido de las entidades financieras y las multinacionales, y no el aspirante del PP, y que ha avivado también la contestación interna contra la dirección de la CEOE y su presidente Antonio Garamendi entre las bases de la patronal, al que muchos miembros de la Junta Directiva y de la Asamblea General consideran demasiado blando.

Qué el Presidente monte un show mediático y vuelva a mentir cuando exige, que no pide, unidad y arrimar el hombro por encima de las ideologías -él que es incapaz de mantener la unidad en su Gobierno y después de más de cinco meses sin llamar al jefe de la oposición y lanzando veneno y falsedades contra un Ejecutivo y una Comunidad, la de Madrid, a la que odia porque no consigue dominar– es algo que entre el empresariado real no sorprende pero indigna. Cómo también indigna que nadie protestara por el veto de Moncloa a la representación de los autónomos.

La foto de Sánchez con los «grandes» del Ibex y el empresariado oficial, con más de 900.000 empresas cerradas desde marzo indigna a los empresarios reales

Y que los representantes de la élite empresarial acudan a la cita a sabiendas de la inanidad y nula fiabilidad del personaje y de sus socios de coalición, se asume como algo que les va en el cargo y que cortesía y la educación exigen.

Pero que esos supuestos líderes empresariales callen como Judas e, incluso, algunos de ellos se conviertan en palmeros ante el discurso vacío del jefe de un gobierno que es reconocido internacionalmente como el que peor ha gestionado la pandemia en el mundo desarrollado y con una economía al borde del abismo es algo que no se entiende y sonroja de vergüenza.

Expresiones como «ha estado muy bien», o «buen discurso», con las que algunos de estos considerados líderes del mundo empresarial exteriorizaron su satisfacción al término de la comedia, y el silencio de los otros, se consideran «inadmisibles» por algunos dirigentes sectoriales y territoriales de las pymes, ante la teatralización de un Presidente que no anunció reformas económicas ni sanitarias, ni habló de prorrogar los Erte, y con la realidad de más de 900.000 empresas cerradas desde marzo ante la indolencia de un Ejecutivo cuyas medidas de apoyo a la recuperación de la actividad empresarial son seis veces inferiores a las de Alemania, en porcentaje del PIB, y la mitad de las adoptadas por Italia y Francia.

El respaldo al Presidente de las multinacionales y las entidades financieras apunta a que todavía no se creen a Pablo Casado

Un silencio y unos elogios, prudentes para algunos y cobardes para otros que, a primera vista, invitan a una pregunta y suscitan una reflexión. La interrogante es ¿a cambio de qué? ¿Les ha garantizado el jefe del Ejecutivo la prórroga de los Erte, aunque allí no lo dijera? ¿Les ha dado garantías de que no subirá el IRPF, Sociedades y la imposición a grandes fortunas, aunque si toque el bolsillo de las clases medias y los más desfavorecidos con impuestos medioambientales a las tecnológicas que pagaremos los consumidores? ¿Les ha convencido de que no tocará la reforma laboral, además del placet del Gobierno a la fusión entre Bankia y Caixabank? Todo indica que así es y así parece, aunque Sánchez ha dado ya sobradas muestras de lo poco que vale su palabra.

Y la reflexión apunta a que estos mismos directivos y empresarios del Ibex, todavía no se creen al PP de Pablo Casado como alternativa seria de gobierno. Algo que debería ocupar y preocupar a la oposición mayoritaria y a ese centro derecha dividido en tres marcas y que por ello es el principal aliado para la perpetuación de Sánchez en Moncloa. Pero ellos, los políticos y el empresariado de salón, siguen a lo suyo y el país como un solar.


El Covid fiscal

El mismo día que los datos del desempleo nos enfrentaban con el peor mes de junio de la serie histórica, el presidente del Gobierno ratificaba su amenaza de una subida de impuestos, disfrazada de justicia fiscal, que afectaría en principio a los tramos altos del IRPF y al impuesto de Sociedades, sin descartar alzas en el IVA, añadidas a las previamente anunciadas tasas Google o ambientales.

Un asalto fiscal que coincide también en el tiempo con un máximo histórico de caída del PIB, el 5,2% en el primer trimestre, duplicando el retroceso del 2,6% sufrido entre enero y marzo de 2009 y que hasta ahora ostentaba tan adverso récord. Y eso que, de los tres meses reseñados, sólo los últimos quince días de marzo se vieron afectados por el cierre de actividad derivado del confinamiento, lo que aventura un segundo trimestre catastrófico.

Subir impuestos genera fuga de inversiones, caída de ventas y menos empleo

Desplome económico que muestra uno de sus síntomas más preocupantes en el desplome del consumo que se hundió un 6,6%, y que se añade a otros indicadores que también vamos conociendo en estos días como la caída del 80% del crédito al consumo en el mes de abril o el batacazo de las ventas del comercio minorista que cayeron un 70% en junio, ya en plena desescalada.

Y a esta grave recesión es a la que la coalición de gobierno socialcomunista pretende responder con las trasnochadas recetas del zapaterismo consistentes en mayor gasto público, más endeudamiento y subidas de impuestos. Recetas que ya fracasaron en 2009 y que derivaron en la congelación de las pensiones, la bajada de sueldos a los funcionarios y el rescate bancario, además de un empobrecimiento general, y que van en contra de lo que están haciendo nuestros socios europeos como Alemania, que ha anunciado ya una rebaja del IVA del 19 al 16% o Italia donde el gobierno de Giuseppe Conte ha aprobado una rebaja de impuestos a trabajadores y empresas que afecta a 16 millones de personas y que forma parte de un plan mayor y reduce la fiscalidad sobre las rentas por un importe de 7.000 millones de euros.

El Gobierno pretende responder a la recesión con las trasnochadas recetas del zapaterismo, que derivaron en la congelación de las pensiones, el recorte de los sueldos públicos, el rescate bancario y un empobrecimiento general

Rebajas fiscales que son el estímulo que necesitan las empresas para invertir y crear empleo y los ciudadanos para consumir, en contraposición al hundimiento de las ventas, la fuga de inversiones y la destrucción de empleo en que se suele traducir la obsesión por una presión fiscal esquilmatoria, y que se sustenta, además, sobre postulados falsos.

Porque no es cierto que la presión fiscal en España sea inferior a la de nuestros socios europeos. Los datos de la OCDE reflejan como la fiscalidad española en relación con la renta media es diez punto superior a la media de la OCDE. Y tampoco es verdad que estas sean las únicas alternativas a la crisis. Opciones hay, aunque a ellos no les gusten y pasan esencialmente por recortar el gasto público, adelgazando una administración que en España es claramente elefantiásica, con un Gobierno de 23 ministerios, el mayor de Europa y el doble de los que tenía el Ejecutivo de Rajoy. Un gobierno que ha aprovechado el Estado de Alarma para nombrar a dedo otros 23 cargos públicos y 26 directores generales eximidos de ser funcionarios y que ha multiplicado el gasto en asesores, un 46% más que su antecesor, todos ellos amigos y enchufados a la teta del Estado.

Son rebajas fiscales lo que las empresas necesitan para invertir y crear empleo y los ciudadanos para consumir

Eso y acometer, de una vez por todas y en serio, la lucha contra la economía sumergida, que en España alcanza el 25% del PIB, el doble que, en Europa, «como consecuencia de que no hay efectivos suficientes para controlar las prácticas de fraude», en palabras de los técnicos de Hacienda.

Son reformas estructurales y no la infección de un COVID fiscal lo que España necesita. De momento desde Europa ya han advertido que la reforma laboral no se toca y esperemos que la llegada de la presidencia alemana de la UE con una Angela Merkel al frente, que ya ha expresado su seria preocupación por la deuda de España e Italia, abre una puerta a que finalmente se imponga la cordura.


Madrileñofobia o la conjura de los necios

En vísperas de abandonar el estado de alarma y recuperar la movilidad en todo el Estado, entre determinados dirigentes autonómicos y locales y entre algunos ignorantes y fanáticos de esos territorios se ha despertado un nuevo virus en forma de madrileñofobia, que en este caso afecta directamente al entendimiento y la razón de quién lo transmite y se contagia. Una especia de racismo o xenofobia emanado intencionadamente por resentidos y arribistas y propagado por necios y serviles.

Unos, los primeros, porque incitan y aprovechan la campaña contra el Ejecutivo de Madrid, promovidas por el Gobierno socialpopulista del Estado mediante la que pretende camuflar con mentiras su desastrosa gestión de la pandemia y sus responsabilidades en las decenas de miles de fallecimientos. Además de que, como han demostrado con la marginación al gobierno de Díaz Ayuso durante el «sorteo» de las fases, no perdonan a los madrileños que le releguen a la oposición permanente en la Comunidad y les hayan expulsado del Ayuntamiento de la capital a la que Manuela Carmena y sus mariachis habían convertido «en el mayor desastre conocido jamás», en palabras del socialista Antonio Carmona.

Ayuso gana una batalla a Sánchez: la justicia admite un recurso de devolución de 54 millones por las entregas a cuenta de 2019

Ayuso gana una batalla a Sánchez: la justicia admite un recurso de devolución de 54 millones por las entregas a cuenta de 2019

Y otros porque en lugar de cerrar filas con los correligionarios propios, se dedican desde sus tribunas regionales a hacer el juego a los contrarios, cacareando las soflamas populistas y sus falsedades, y que, como el protagonista de esa Conjura de los Necios de John Kennedy, se sumerge en las mismas aguas turbulentas que tanto detesta.

La hegemonía del centroderecha en Madrid es consecuencia de unas políticas económicas, sociales y fiscal que han situado a la comunidad a la cabeza de España en PIB, poder adquisitivo, creación de empleo y atracción de inversiones

Lo que no entienden estos sofistas de la sinrazón es que la hegemonía del centroderecha en Madrid es consecuencia, no de un posicionamiento ideológico, sino del mérito de unas políticas económicas, sociales y fiscal que han situado a Madrid a la cabeza de España en PIB – en 2019 creció un 3 por ciento, un punto por encima de la media nacional-; en poder adquisitivo – 18.262 euros por persona, casi cuatro mil euros por encima de la media-; creación de empleo – Madrid lideró en 2019 el número de afiliaciones en alta a la Seguridad Social tanto en términos absolutos como relativos, sumando 93.976 nuevos trabajadores- y en atracción de inversiones.

Estos son cifras, que como el algodón no engañan, y que provocan reacciones tan sectarias y antidemocráticas como la de ese José Manuel Franco Pardo -ojo a los apellidos-, a la sazón delegado del Gobierno en Madrid, que en una reciente videoconferencia con militantes socialistas les arengaba a «acosar» al gobierno de Isabel Diaz Ayuso y a «retorcer el asunto de las residencias». Asunto este, por cierto, en el que Madrid es la comunidad con menos muertes en residencias de ancianos después de Canarias, sólo un 32 por ciento, frente al 85 por ciento de Aragón y Extremadura, el 77 por ciento de Cantabria y Castilla y León o el 63 por ciento de Navarra. Como dice el refranero popular, la mentira tiene las patas muy cortas.

Madrid es la comunidad con menos muertes en residencias de ancianos después de Canarias, sólo un 32 por ciento, frente al 85 por ciento de Aragón y Extremadura o el 77 por ciento de Cantabria y Castilla y León

Si Madrid ha sido la comunidad que ha sufrido el mayor número de fallecidos y contagios por el COVID, no es por negligencia o mal gobierno, sino porque concentra el mayor núcleo poblacional de España y es el mayor centro de tránsito de viajeros nacionales e internacionales por vía aérea, ferrocarril o carretera. Porque Madrid es, además una comunidad y una capital abierta, que acoge a todas las que a allí llegan o se asientan, sin importar el origen, sexo, razón o condición. Una gran capital europea y la antítesis del paletismo y de ese nacionalismo rancio y trasnochado o esa madrileñofobia que infecta a otros lugares de esta España nuestra.

Territorios que, por cierto, engordan sus economías con el dinero que allí se dejan los madrileños en estancias, compras inversiones o restauración, y que pueden empezar a tentarse la ropa no vaya a ser que, ahora, los madrileños opten por gastarse sus dineros en su propia comunidad, que atractivos culturales, históricos, paisajísticos, de ocio y gastronómicos tiene sobrados e internacionalmente celebrados.


Divididos y en la inopia

Mientras la coalición Frankestein de populistas e independentistas avanza, con la aparente colaboración de Pedro Sánchez, «en su intentona de golpe de Estado blando» contra la Constitución y el régimen de libertades del 78, nosotros seguimos divididos y en la inopia».

Esta reflexión de un destacado ex dirigente del Partido Popular viene a resumir la desorientación estratégica y el arrinconamiento parlamentario que atraviesa hoy el bloque del centroderecha en España y que reflejan día a día las encuestas de intención de voto -las buenas, no las de Tezanos- en las que el PSOE, a pesar de los graves errores, negligencias y mentiras en la gestión de la pandemia, sigue siendo la fuerza más votada, mientras que el Partido Popular sigue estancado después de recuperar el voto prestado a Ciudadanos».

El PP navega entre el viaje al centro y la radicalización y sin estrategia de comunicación clara

Los datos del último Electopanel, del 13 de junio, muestran una ligera subida del PSOE, que, con un 25,9 por ciento de sufragios recupera la ventaja de un punto con el PP, que queda en el 24,7 por ciento, y ambos empatarían a 109 escaños. Un resultado del principal partido de la oposición, que unidos a los 44 de Vox, lo dos de Navarra Suma, el que obtendría Foro Asturias y los 14 de Ciudadanos, dejaría al bloque de centro derecha en 170 escaños, a seis de la mayoría absoluta, que si conseguiría Pedro Sánchez sumando los 29 de una Unidas Podemos a la baja y el resto de los Frankestein.

Escenario este que se viene repitiendo desde las pasadas generales del 10-N y ante el que los partidos de ese bloque y sus direcciones siguen sumidos en sus egos y en esa dispersión de fuerzas y de votos que les impide recuperar una mayoría de Gobierno por los efectos de la Ley D’Hondt, y ni siquiera consolidarse como alternativa verosímil.

La división de la derecha y la dispersión de esfuerzos y de votos les impide recuperar una mayoría de gobierno por efectos de la Ley D’Hondt

Como sentenciaba el citado dirigente y ex alto cargo popular: «un líder del centroderecha que no puede unir al centroderecha, no sirve para liderar al centroderecha«, y Pablo Casado y su equipo siguen sin saber cómo evitar la presencia de Vox en su espacio electoral y, lo que es más grave, navegando entre dos aguas, la del viaje al centro y la de la radicalización, además de carecer de una estrategia de comunicación clara y convincente.

Y entre sus posibles socios, lejos de centrarse y concentrarse en una sola fuerza y un solo mensaje, Inés Arrimadas impulsa un acercamiento de Ciudadanos al sanchismo, sin efectos prácticos, recogiendo las migajas del banquete a cambio de renunciar a sus principios fundacionales y del liberalismo y de transfigurarse en un socio más de los Frankestein con los independentistas y los comunistas. Mientras que, Santiago Abascal y Vox se han convertido, sin querer, en el principal aliado de la estrategia política de Sánchez para dividir a la derecha e impedir que el PP pueda volver a gobernar, al menos en el corto y medio plazo.

La interlocución con Europa es clave para el futuro de la Legislatura y en Europa nadie ve hoy la capacidad del equipo de Casado para formar gobierno

Un objetivo este último para el que parece que va a contar con la ayudad de una Unión Europa cuya interlocución unos y otros consideran «clave» para el desarrollo futuro y la duración de la Legislatura. Desde Moncloa consideran que «Sánchez la tiene amarrada, máxime si se consolida la candidatura de Nadia Calviño para presidir el Eurogrupo. Mientras que Casado busca el apoyo de Bruselas para la condicionalidad de las ayudas europeas. Aunque como apuntan desde las filas de los populares europeos, «en Europa nadie ve hoy la capacidad del equipo de Casado para hacer gobierno». Pues eso, en la inopia que, como define el diccionario, significa «indigencia, pobreza, escasez, y estar en la más absoluta ignorancia de algo».


Europa al rescate de Sánchez

Si algo han tenido de novedosas las dos últimas comparecencias de Pedro Sánchez es que, por primera vez desde que está al frente del Ejecutivo, admitió que va a tener que hacer recortes, y que ha querido dejar claro, con rotundidad y con firmeza, su convencimiento de que va a terminar la legislatura. Y ambas cosas están relacionadas y tienen un mismo origen, el rescate de la Unión Europa. Rescate que no sólo es a España y a nuestra economía, sino que fundamentalmente es un rescate encubierto a Sánchez, a su persona y a su gobierno, en su forma actual de coalición o con otra, pero siempre con Sánchez y a mayor gloria de Sánchez.

Bajo el paraguas de la necesidad imperiosa de salvar a Francia e Italia, Bruselas ha premiado a Sánchez con la parte del león de un plan europeo de recuperación del que España percibirá 144.446 millones de euros, de los que 77.324 millones serán transferencias directas y 63.122 prestamos a devolver y con una condicionalidad muy asumibles y cuyo requisito esencial es la presentación de un plan español de recuperación, a ser posible consensuado, para enfrentar las consecuencias de la crisis en términos de ingresos y gastos, garantizando la sostenibilidad de las finanzas.

Los fondos del plan europeo de recuperación son, más que un rescate a España, un rescate encubierto a Pedro Sánchez, a su persona y a su gobierno

Sánchez ya se ha apresurado a anunciar que las medidas de recuperación económica que prepara el Ejecutivo español estarán «alineadas con las que diseña Europa». Es el precio de su rescate y como aseguran responsables socialistas próximos a la Moncloa, «está dispuesto a pagar para garantizar su supervivencia». Retrasar la edad de jubilación, ampliar los periodos de cotización, mantener los puntos esenciales de la reforma laboral y adelgazar la Administración, son algunas de las medidas que deberá cumplir pero que, piensan, sin excesivo coste electoral.

La duda está en si esos recortes de gasto serán asumibles para un Pablo Iglesias y su Unidas Podemos, en claro retroceso en las encuestas de intención de voto y que está en el Gobierno no para gestionar sino para tensionar la sociedad y erosionar las instituciones hasta destruir el sistema de libertades y el Estado de Derecho surgido de la Transición y el régimen constitucional del 78.

Endurecer las condiciones de jubilación y mantener los puntos esenciales de la reforma laboral son algunas de las condiciones que Sánchez está dispuesto a pagar como precio del rescate

Pero eso no será problema para Sánchez. Por si eso ocurre, los citados responsables socialistas, apuntan que el Presidente y su mentor Iván Redondo, se han preocupado ya de potenciar su renovado idilio con Ciudadanos, a quién ahora cuida regalando con cantos de sirena el ego y el protagonismo de la bella Inés, para incorporarlos a esa coalición Frankestein que le permitiría aprobar los Presupuestos. Y se ha asegurado también mediante prebendas económicas y de competencias, el apoyo de los independentistas catalanes de ERC y del PNV, un partido ultraconservador amén de nacionalista, a quién, por cierto, no le hace ninguna gracia Podemos ni sus totalitarios postulados económicos.

El éxito de la emisión del Tesoro de la última semana, la primera sindicada de un bono a 20 años por importe de 12.000 millones de euros, con una demanda que ha superado los 78.300 millones a menores tipos de interés es un síntoma evidente de que los mercados saben ya que los fondos europeos están preparados para rescatar a Sánchez. Reforzado también con la candidatura para presidir el Eurogrupo de Nadia Calviño, partidaria de la ortodoxia económica, y cuyo nombramiento obligaría al Ejecutivo de Madrid a dar ejemplo compromiso y cumplimiento de las condiciones europeas.

Iglesias está en el Gobierno para erosionar las instituciones y romper el Estado de Derecho surgido de la Transición

A eso juegan ya los mercados, al rescate de Sánchez que, por derivación implica el hundimiento de la estrategia de Pablo Casado y el Partido Popular que habían apostado por una legislatura corta, fiando en que Europa forzaría la caída de un Gobierno al que Felipe González ha comparado con el «camarote de los hermanos Marx», sin reparar, o tal vez sí, que Sánchez es el más fiel discípulo de Groucho cuando decía aquello de «estos son mis principios, pero si no le gustan tengo otros». Como se lamentaba un veterano dirigente popular, «con Europa hemos topado y nosotros seguimos divididos y en la inopia».


Pedro y el Golpe

Donald Trump «desgasta los espacios democráticos con cada decisión, además de culpar a todos de sus incontables errores». Estas palabras de Felipe Sahagún dirigidas al presidente norteamericano podrían ser perfectamente recuperables para definir y describir a Pedro Sánchez y al gobierno de su persona, que ahora desde su ala podemita recupera el cuento del golpe de estado, con un doble objetivo, desviar la atención del personal para disipar sus gravísimas deficiencias y mentiras en la gestión de la pandemia, por un lado, y para tensionar, por otro, en el Parlamento y en la calle buscando recuperar las dos Españas de Machado y el enfrentamiento.

Un recurso este de buscar un enemigo externo empleado por todas las dictaduras, de cualquier naturaleza y condición desde los más remotos tiempos de la historia y que para Pablo Iglesias y sus acólitos sería la oportunidad de justificar su asalto al poder. Es por esto que si Sánchez, su persona y su mentor Iván Redondo fueran la mitad de lo avispados que dicen y pretenden ser deberían saber que las armas las carga el diablo y recordar a ese otro Pedro, el de la fábula de Prokófiev, que de tanto engañar con la llegada del lobo, al final se quedó solo y sin defensas cuando el cánido vino de verdad. Y quién esto escribe sabe bien de lo que habla porque vivió la intentona del 23-F en el Congreso y todavía siente escalofríos cuando recuerda tan execrable episodio de nuestra reciente historia.

Es sospechoso que quienes acusan ahora de golpistas a la oposición sean socios de esa coalición Frankestein que sostiene al Ejecutivo y en la que hay partidos que promovieron el golpe de Estado del 1-O en Cataluña

Y es, más que curioso, sospechoso que quienes ahora acusan a otro de golpistas sean socios de esa coalición Frankestein que sostiene al Ejecutivo y en la que sí hay formaciones que promovieron el golpe de estado del 1 de octubre en Cataluña y que tienen en sus filas a dirigentes por ello condenados en un juicio celebrado con las máximas garantías democráticas y del Estado de Derecho. Además de que estos intentos de acusar, injuriar y provocar a los partidos de la oposición y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado se producen justo cuando todas la encuestas sobre intención de voto de las últimas semanas apuntan a la caída de Unidas Podemos y de Vox, y el regreso del bipartidismo, al tiempo que la suma de escaños del centro derecha superaría ya al bloque de las izquierdas y podría alcanzar la mayoría con el voto de los nacionalistas moderados y no independentistas.

Los extremos populistas de uno u otro signo se mueven ahora como pez en el agua

Decía también el que fuera presidente socialista, Juan José Laborda, en una reciente entrevista que «la democracia es incompatible con considerar al rival como enemigo. Todo esto nos lleva al populismo y a la pérdida de calidad democrática» Un escenario este de deterioro este de la pérdida de calidad democrática y de las instituciones donde los extremismos populistas de uno y otro signo se mueven como pez en el agua, máxime si como ocurre ahora, cuenta con la complicidad, deliberada o no, de los partidos constitucionalistas, a quienes arrastran en su propósitos de crispación, de división y de destruir los principios de libertad, reconciliación y convivencia que representan la Transición y el sistema democrático del 78.

La pérdida de calidad democrática y de las instituciones es el escenario que el populismo necesita para destruir los principios de libertad, reconciliación y convivencia que representan la Transición y el régimen del 78

Y hablando de irracionalidades y de extravagancias, la boutade del momento la protagonizaba, una vez más, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero quien, ahora nos hemos enterado, el pasado 15 d mayo en un encuentro por videoconferencia del Grupo de Pueblo, que agrupa a las dictaduras de izquierda de América Latina, se permitió llamar a una alianza entre China y la Unión Europea contra EEUU y «lo pongan en una situación imposible». Son palabras, actitudes e intenciones las de este amigo del sátrapa Maduro que superan y con creces los límites de la ingenuidad para empezar a parecerse a la demencia. Sin acritud.


La tormenta perfecta

Muchas de las previsiones realizadas por prestigiosos economistas apuntan a que al final de este año tendremos una reducción del PIB del 25%, un paro en torno a esta misma cifra, un déficit público del orden del 15%, una deuda pública del 140% del PIB, mientras que los ingresos de más de la mitad de la población procederán del sector público.

Un escenario aterrador que ya conocen en Bruselas, donde las autoridades comunitarias no se fían de un Gobierno y de su presidente, Pedro Sánchez, que les intentó engañar ocultando 2.000 millones en la cifra de déficit, y que una vez más también mintió a los españoles, el anunciar que el PIB bajará un 9,2% en 2020, mientras que en los datos enviados a Bruselas elevan la caída hasta el 14,3 por ciento. Una previsión que aparece en la actualización del Programa de Estabilidad enviado a la UE, en un cuadro que toma como base de los cálculos de caída del PIB las cifras de 2015.

En la UE saben que España necesitará la intervención económica en un año más o menos

En cualquiera de los escenarios, los máximos responsables de la Unión y de los gobiernos del Norte, con Alemania y Holanda a la cabeza, no dudan ya que, como confirman los analistas de Freemarket la situación española llevará a la intervención económica en aproximadamente un año. Y esa es la jugada de jaque que desde la UE le han encajado al Ejecutivo español, al establecer un MEDE sin condicionalidad para gastos relacionados con el Covid-19 en el que España podría solicitar hasta 24.000 millones de euros, cuando España va a necesitar en torno a 130.000 millones de euros sólo para afrontar los vencimientos en su deuda pública.

Cierto que estos vencimientos en realidad no se amortizan, sino que se pagan con nuevas emisiones de deuda, pero como apuntan también desde Freemarket, con un déficit público de dos dígitos del PIB, una deuda por encima del 100% del PIB y unas expectativas económicas adversas a España le costará cada vez más colocar deuda.

Aún suponiendo que nos creamos las utópicas previsiones del Gobierno y cerremos el ejercicio 2020 con un déficit del 9%, eso se traduce en desequilibrio adicional de 140.000 millones de euros, cantidad que sólo podrá ser enjugada con más deuda pública, elevando las necesidades de financiación del Estado para 2021 hasta la astronómica cifra del cuarto de billón de euros en un solo año.

Es evidente que los mercados de capital no van a asumir semejantes emisiones, y sólo una compra masiva del Banco Central Europeo (BCE) podría resolver el estrangulamiento. Y, ahí si aparecerá la condicionalidad en forma de duros ajustes y recortes en servicios sociales, ante los que Sánchez no podrá decir que la UE le da la espalda, porque esta le ha dado el dinero del fondo y una cosa es ayudar a superar los efectos de la pandemia y otra pagar los desequilibrios estructurales de España. Rescate, pues, a la vista.

Y, mientras la tormenta perfecta se avecina, el Gobierno fía la salida en esa Comisión para la reconstrucción social y económica que nace prácticamente muerta en cuanto a resultados por su politización y por la competencia en la materia de la mayoría de sus miembros. Mientras en Italia, el primer ministro Conte nombraba un equipo de 17 expertos para la recuperación, a cuyo frente ha puesto a Vittorio Colao, un economista y ejecutivo de prestigio internacional, ex consejero delegado mundial de Vodafone; aquí en España Sánchez impone como presidente de la Comisión a Patxi López, sin título conocido y que hizo su carrera política de la mano de Nicolás Redondo Terreros, al que luego traicionó. Y para rematar la faena coloca como vicepresidente, Enrique Santiago, comunista ejerciente e incondicional de Chávez y Maduro. Pues eso, que con estos mimbres mejor que en la Comisión se limiten a la fórmula de la compresa, que ni se note, ni se mueva, ni traspase.

La virginidad de Arrimadas y el ‘gatillazo’ de Pablo Casado

Dice el refranero que la mujer del César no sólo debe ser honesta, sino parecerlo. Y esa correspondencia entre el ser y el parecer es especialmente sensible en política donde los resultados de las propuestas y actuaciones depende más de la percepción de la ciudadanía que de la motivación y las convicciones de las mismas. Y eso es lo que está ocurriendo con el bandazo de Ciudadanos para apoyar la nueva prórroga del estado de alarma, que ellos creen en conciencia necesaria desde el punto de vista sanitario, pero que ha servido para apuntalar al tándem Sánchez-Iglesias en el momento más difícil y dramático de su Gobierno.

Y esta última es la imagen que ha quedado en el sentir mayoritario de las gentes, que a la postre son quienes deciden con su voto. Los ciudadanos de a pie hoy perciben mayoritariamente que Arrimadas ha perdido su virginidad política y ha vendido las libertades de los españoles y el Estado de Derecho por un plato de lentejas en forma de una vaga declaración de intenciones. Mientras sospechan que Sánchez ha utilizado a Ciudadanos como un kleenex, de usar y tirar. De hecho ni siquiera les agradeció el apoyo en el debate del Congreso.

El PP sigue marchando al paso que Sánchez marca sin convertirse en alternativa creíble

El gobierno socialpopulista «es responsable del desastre en la gestión de la pandemia y de utilizar el Estado de Alarma para perpetrar el mayor recorte de las libertades individuales desde el franquismo, y eso es incompatible con los principios del liberalismo que en Ciudadanos deberíamos defender» comentaba un destacado dirigente madrileño de la formación naranja, mientras apuntaba que «la salida de Girauta y de Carina Mejías es la extremaunción de Ciudadanos». Las encuestas realizadas en Madrid con ocasión del 2 de Mayo, que muestran como la formación naranja perdería el 72% del electorado si hubiera hoy elecciones al Ayuntamiento y más del 60% en la Comunidad, parecen darle la razón.

Los ciudadanos en la calle perciben que Arrimadas ha perdido su virginidad política y ha vendido las libertades de los españoles y el Estado de Derecho por un plato de lentejas

Y mientras Arrimadas se entregaba al doctor Trampa, Pablo Casado se queda compuesto y sin novia, agarrado a la bandera de una abstención que le condenó a la irrelevancia después de haber insinuado hasta horas antes un «no», viendo como Arrimadas se apuntaba el tanto de arrancar a Sánchez las mínimas cesiones que exigía el PP, y fracasado en su misión de unir al centroderecha, que fue el gran mérito de Aznar y la estrategia que le llevó hasta la Moncloa.

«Seguimos sin despegar. Ha sido un error anunciar el voto en contra y arrugarse», afirman voces destacadas del PP

Un Pablo Casado, que pese a realizar un discurso brillante, sigue marchando al paso que le marca Sánchez, sin proponer una alternativa sería y creíble para el electorado y, lo que es peor, con una política informativa y de comunicación estéril e incapaz de contrarrestar y anticiparse a las falacias y falsas imputaciones que le hace desde el Ejecutivo, y también en el Congreso por boca de esa poligonera del parlamentarismo que Sánchez utiliza de vocera del Grupo Socialista.

«Seguimos sin despegar. Ha sido un error anunciar el voto en contra y arrugarse después», comentaba una de las muchas voces desconcertadas y descontentas de relevantes diputados y notables del Partido Popular, para añadir que «al ingeniero que le ha diseñado esa estrategia habría que aplicarle un cese fulminante».

Casado ni ganó apoyos ni convenció a nadie, mientras el estratega de Moncloa conseguía un triunfo más al consumar la división de un centroderecha cuya unidad es el principal obstáculo para las ambiciones de su jefe de perpetuarse en la Moncloa. Como sentenciaba un veterano dirigente y ex alto cargo popular: «un líder del centroderecha que no puede unir al centroderecha, no sirve para liderar al centroderecha».

Decía la escritora y editora estadounidense Holly Black que «cambiar es lo que la gente hace cuando no les queda otra opción» y a Casado y a su equipo se les están acabando las opciones.


Salvad al soldado España

Mientras el Gobierno acreciente medida a medida, compra a compra y fase a fase su indecisión, su desconcierto y su torpeza en la gestión sanitaria del Covid 19, la economía española empieza a destapar los síntomas del colapso inducido por el confinamiento y la sucesión de prórrogas de un estado de alarma que, como denuncian expertos juristas y catedráticos de Derecho Constitucional se corresponde más a un estado de excepción por la grave supresión de las libertades individuales.

Estado de excepción al que también se somete a la economía y a las empresas, y que ha provocado una caída del PIB del 5,2 por ciento en el primer trimestre que nos coloca al borde de la recesión. El mayor descenso de la serie histórica cuya consecuencia son los peores datos de empleo desde 2013 entre enero y marzo. Periodo en el que sólo se recogen mínimamente los estragos del confinamiento y que eleva ya a nueve millones, más del 40 por ciento de la población activa, la cifra de españoles en situación de desempleo incluyendo a los autónomos y los afectados por los ERTE.

Salvar a España debe estar muy por encima de salvar políticamente la cabeza del presidente y al resto de su Gobierno

A este descalabro al que hay que sumar la caída del 14,3 por ciento en las ventas del comercio minorista, la mayor también de la serie histórica, o la contracción del 22 por ciento -2.000 millones de euros en las ampliaciones de capital durante los tres primeros meses que revela el Gabinete de Estudios Económicos de Axesor. Y eso por citar sólo indicadores más recientes.

Con este escenario, Sánchez, presionado por la UE y no por propia voluntad, según confirman dirigentes socialistas, nos anuncia un plan de desconfinamiento, confuso, sin refrendar por el Congreso, sin consensuar con las comunidades autónomas ni escuchar a los agentes sociales y que al ser asimétrico vulnera el artículo 14 de la Constitución que garantiza la igualdad de los españoles ante ley, «sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social».

Casado está ahora ante la encrucijada de demostrar si es un líder sólido y presidenciable o sólo un dirigente de transición al estilo de lo que fuera Hernández Mancha

Un esbozo de desescalada, como él gusta de llamarlo, que aprovecha para anunciar también una nueva prórroga del estado de alarma, del que se han desmarcado ya muchos de sus socios de investidura y cuya aprobación queda ahora en manos de un Partido Popular al que Sánchez ningunea, desprecia y agrede verbalmente mientras le insta a apoyarle incondicionalmente en la reconstrucción. Apoyo que necesita también para ser creíble en sus peticiones de ayudas a la UE y que coloca a Pablo Casado en la encrucijada de demostrar si es un líder sólido y presidenciable o sólo un dirigente de transición al estilo de lo que fuera Hernández Mancha.

Si Sánchez quiere prorrogar la alarma y un pacto de reconstrucción Casado debe exigir como condición inexcusable el compromiso firme y por escrito de volver a la normalidad legislativa, la renuncia a seguir gobernando por decreto, consensuar todas las nuevas actuaciones y acabar con el secuestro de la libertad de expresión. Eso y ofrecer una alternativa de gobierno creíble para la mayoría de españoles. O eso, o nada.

Nadie duda que el virus sigue ahí, que hay que actuar con la máxima prudencia. Pero el paro y la pobreza también matan. Y como decía, y decía bien, el presidente socialista de Aragón, Javier Lambán, ante el Parlamento regional, «salvar la vida de los aragoneses está para mí muy por encima de salvar políticamente al presidente del Gobierno». Palabras que no suponen traición o deslealtad, al contrario, y que deberían asumir la totalidad de la clase política y de las instituciones españolas. Porque para la oposición, y también para el PSOE, salvar a España y a los españoles debe estar, también en estas circunstancias, muy por encima de salvar políticamente la cabeza del presidente y al Gobierno entero.

El Estado y las libertades en alarma

Presionado por las comunidades autónomas y ayuntamientos que tienen ya o ultiman sus propios planes, acorralado por las críticas y las denuncias de los medios de comunicación independientes, inquieto por las caceroladas y la reprobación mayoritaria en la redes sociales y relegado en el concierto de la UE; Pedro Sánchez anunciaba en su habitual comparecencia de los sábados un plan de desescalada del confinamiento, cuyos plazos, normas y medidas aplazó hasta el Consejo de Ministros de este martes.

Un desconfinamiento malgre lui, como el médico de Molière. Es decir, a su pesar, porque dirigentes socialistas comentan que la intención del jefe del Gobierno era prorrogar la cuarentena hasta final de mayo. Sólo las presiones externas «le han forzado a moverse y romper la indefinición y la improvisación permanente en la que estaba». De hecho, Sánchez dio la callada por respuesta cuando en la rueda de prensa posterior a su homilía se le preguntaba si tenía previsto volver a solicitar al Congreso una nueva prórroga del Estado de Alarma.

Profesionales de la judicatura y catedráticos de Derecho Constitucional denuncian que estamos ante «la más grave suspensión de derechos constitucionales de la historia de nuestra democracia».

Es notorio que Sánchez y su socio Iglesias se encuentran cómodos en esta situación de confinamiento que les permite gobernar por decreto, sin apenas someterse al Parlamento ni rendir cuentas a la oposición, con la Justicia prácticamente paralizada, controlando la libertad de expresión y sin respuesta de la calle porque tiene recluida a una ciudadanía que, hasta ahora, ha respondido con serenidad y disciplina, y a la que mantiene en situación de arresto domiciliario mediante un régimen excepcional que muchos profesionales de la judicatura y del derecho consideran que confunden la legalidad.

De hecho un grupo de juristas entre los que se encuentran los catedráticos de Derecho Constitucional Carlos Flores Juberías y Carlos Ruiz Miguel, ha presentado un escrito al Defensor del Pueblo solicitando que recurra ante el Tribunal Constitucional el decreto del estado de alarma. Afirman los firmantes que asistimos a «la más grave suspensión de derechos constitucionales de la historia de nuestra democracia» y denuncian que «el estado de deterioro que sufre el sistema de libertades por la suspensión generalizada, universal, y permanente de los derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución», no tiene cobertura «jurídico-constitucional en el estado de alarma» y se corresponde más con los supuestos que la Carta Magna establece para el estado de excepción.

Esta presunta anomalía legal y los poderes que a través de ella se ha arrogado el Sánchez hacen crecer la sospecha de que esta sea una de las razones por la que España es hoy el único país de nuestro entorno que todavía no ha definido una hoja de ruta para el desconfinamiento, como ya han hecho Alemania, Francia, Bélgica, Dinamarca, e incluso Italia. Mientras que Pablo Casado y el resto de líderes constitucionales deberían reflexionar seriamente sobre la conveniencia de seguir apoyando nuevas prórrogas del Estado de alarma, alegando una «lealtad» que le niegan los socios de investidura del Gobierno.

Sánchez y su socio Iglesias se encuentran cómodos en esta situación de confinamiento que les permite gobernar por decreto, sin apenas someterse al Parlamento ni rendir cuentas a la oposición.

La lealtad más importante que los responsables políticos han jurado o prometido defender es con España, con la democracia, con la Constitución y con los españoles. Y a esas lealtades se deben atener antes de decidir sus apoyos incondicionales a un Gobierno que a través del Estado de Alarma puede estar encendiendo la alarma en el Estado de Derecho y en las libertades.


Los coronabonos o el otro rapto de Europa

En las vísperas de una reunión del Consejo Europeo que se antoja decisiva para pactar una respuesta unitaria a la crisis sanitaria y económica del COVID-19, me viene a la memoria el episodio protagonizado por los entonces jefes de Gobierno de España, José María Aznar, y de Alemania, Helmut Kohl, con ocasión precisamente de otra cumbre, comunitaria de finales de la década de los noventa.

Era una de las primeras a las que asistía el presidente español y lo hacía presumiendo ante sus homólogos de la Unión de sanear la economía española y hacerlo, además, bajando los impuestos a los españoles. Palabras a las que el canciller germano, visiblemente molesto, replicó afirmando, más o menos textualmente, que «usted ha podido bajar los impuestos porque yo he tenido que subir los míos», aludiendo a la tasa que se había visto obligado a imponer en 1991 para financiar la reunificación y que aún sigue vigente. Recordándole también que Alemania era quien pagaba el 60% de los fondos europeos de los que España era uno de los mayores agraciados.

El problema es que la UE tampoco se fía de Sánchez ni de su coaligado en el Gobierno

Y traigo esto a colación porque aquí, creo, se resumen las diferencias tradicionales entre el norte y el sur de una UE en la que el planteamiento de los países ricos del norte es que sus socios del sur no pueden seguir viviendo eternamente de la solidez de sus economías. Esta es la clave del rechazo frontal a la emisión de eurobonos o coronabonos y de las resistencias a mutualizar la deuda. Oposición que personifica Holanda, y en concreto su ministro de Finanzas, Wupke Hoekstra.

Holanda y su ministro Hoekstra, dan la batalla pero quien manda es Alemania y las soluciones vendrán cómo, cuando y en los tiempos que Alemania decida.

Cierto es que Holanda es quién batalla en la primera línea del rechazo al uso de instrumentos comunes de deuda para afrontar la recesión que la pandemia está provocando, y que ejerce también la portavocía del bloque de ricos contribuyentes opuestos a un presupuesto septenal de la UE superior al 1% del PIB, pero quien realmente manda es Alemania y las soluciones, si las hay, vendrán cuándo, cómo y en los tiempos que Alemania ordene.

De ahí la propuesta del Parlamento Europeo del pasado jueves, apoyada incluso por el partido conservador de Angela Merkel de crear unos llamados «bonos de reconstrucción» como instrumento de financiación de ese Plan Marshall que piden Francia, Italia y España y que se diferencia de eurobonos en que no serían los Estados quienes emitirían deuda conjuntamente, sino una una institución europea, probablemente la Comisión, la que podría endeudarse, dentro de las reglas del presupuesto comunitario, para financiar un plan de inversiones europeo.

Calviño es la única garante de la credibilidad de España y de su continuidad y prevalencia dependerán las ayudas y las condiciones

Y no se trata aquí tampoco de demonizar a Alemania. Recordar que en con ocasión de la pasada crisis financiera, fueron precisamente Angela Merkel y su entonces ministro de Finanzas, Wolgang Schaüble, los grandes valedores y apoyos para superar la situación de extrema dificulta económica en que se encontraba España en 2012. El problema hoy es que en Europa tampoco se fían de Sánchez y menos aún de su coaligado en el Gobierno, a pesar de los buenos oficios de la vicepresidenta Nadia Calviño. Ella es la única garante de la credibilidad de España ante los socios europeos y de su continuidad y predominio sobre Iglesias y el ala podemita en el Gobierno, van a depender las ayudas y, lo que es más importante, las condiciones que nos pongan.

Así de claro. Porque aquí no hay buenos ni malos, sino simplemente la responsabilidad de evitar poner en peligro la continuidad misma de la UE con demandas imposibles para tapar con el auxilio del conjunto los errores de gestión de alguno de sus miembros.


De errores y horrores

Aunque parezca una obviedad conviene recordar, porque algunos no parecen enterarse o entenderlo, que, aunque el país esté en Estado de Alarma, en situaciones de emergencia como está son el Parlamento, los medios de comunicación y la sociedad civil los mecanismos de defensa que tiene la democracia para evitar las tentaciones autoritarias y de abuso de poder. Y dentro de estos mecanismos la crítica es un derecho esencial que refuerza esa unidad de acción que piden los poderes públicos para afrontar las crisis y como garantía de legitimidad de las decisiones que se adoptan desde ellos.

Y es en el ejercicio de este derecho democrático de crítica en el que se inscribe la necesidad de denunciar los errores cometidos, máxime cuando desde el poder político ni se reconocen, ni se piden disculpas, ni se observa propósito de enmienda, como está ocurriendo con el oscuro asunto de los test rápidos que no funcionan y que sabemos -no por el Gobierno sino gracias a la Embajada de China- que se compraron a una empresa sin licencia cuando desde el Ministerio de Comercio del país asiático se había facilitado una lista de exportadores certificados en la que no estaba esa compañía. Una cuestión está de porqué no se acudió a las empresas de esa lista que aún nadie aclarado.

El Gobierno no supo calcular el impacto de la crisis sanitaria ni ahora el de la económica

Como tampoco se han dado explicaciones de porqué se mintió a los españoles diciendo que eran 9.000 los test fallidos cuando después se reconoció que son 60.000. O de porqué desde el Gobierno se niegan a dar el nombre de ese proveedor al que culpan del desastre. O porqué tampoco se ha contestado al gobierno de Pekín cuando asegura que España llegó a tarde al mercado de los productos sanitarios, y porqué se ha vuelto a recurrir a esa misma empresa para comprar nuevas pruebas diagnósticas pese a no tener licencia. ¿Hay implicaciones, omisiones o confusiones que se quieren ocultar?

Pero lo cierto es que los errores de este gobierno de coalición socialpopulista, en el que, salvo algunas notables excepciones, parece predominar una mentalidad simplista de universitario del 68, son de antes y de bulto. Recordemos como el propio presidente Sánchez, cuando aún estaba en la oposición declaraba que «falta más presupuesto contra la violencia de género y sobra el Ministerio de Defensa». Esas Fuerzas Armadas a las que ahora recurre y a las que fía una parte importante de los dispositivos sanitarios y de orden público. Y que, siguiendo esta doctrina la ministra de Defensa, Margarita Robles, que hoy está demostrando ser una de las pocas excepciones del simplismo, desmanteló al poco de asumir el cargo, el hospital de campaña ROLE 3, con capacidad para un centenar de pacientes, unidad de cuidados intensivos, cuatro salas de operaciones y disponibilidad para desplazarse en menos de quince días en todo el territorio nacional. Un dispositivo similar al que sólo disponían cuatro países de la OTAN.

Recordar también como la ministra de Hacienda, hoy también portavoz, María Jesús Montero -esa que como su jefe sigue intentando culpar de las insuficiencias sanitarias a los recortes de Rajoy– envió una carta el pasado mes de julio a todas las comunidades autónomas para pedirles contención en el gasto y ahorro en el gasto en medicamentos y otros productos hospitalarios. Esto sin contar que el Gobierno de Rodríguez Zapatero dejó un déficit de 16.000 millones de euros en la sanidad. Ese mismo Zapatero que ahora se permite la insolencia de declarar públicamente que «algún error tiene que haber», cuando se le pregunta por la gestión del Gobierno en esta crisis. Unas palabras que, más que una justificación, parecen una ofensa y un desprecio hacía las víctimas y los afectados por el coronavirus.

No supieron calcular el impacto de la crisis sanitaria -acordarse de cuando decía que España no era China y que España no era Italia- ni están sabiendo calcular ahora el impacto de la crisis económica, cuyas víctimas en pymes, autónomos y empleos empezaremos a contar cuando se despeje el drama sanitario.


Autónomos, pymes y el rapto de europa

Mientras EEUU activa el mayor rescate de empresas y ciudadanos desde el crack de 1929 -dos billones de dólares que sumados a las medidas de liquidez de la Reserva Federal se elevan hasta seis billones de dólares -, aquí en Europa, seguimos comprobando como la supuesta unión es incapaz de mostrar la unidad de acción y la solidaridad que, se sobreentiende, es la razón de su existencial. Tras las cumbres, de ministros de Economía y de jefes de Estado y de Gobierno, seguimos sin una hoja de ruta creíble para afrontar la situación económica derivada del coronavirus. Ningún Plan Marshall a la vista, ninguna mutualización y, por supuesto, nada de eurobonos que todos los analistas apuntan sería la fórmula más efectiva para frenar la recesión.

Un espectáculo deplorable que, aunque esperado no deja de decepcionar al constatar que los presuntos aliados están rotos y que con el Brexit formalmente consumado la UE sigue siendo un enorme semillero de euroescépticos. Cómo se preguntaba el ex ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, «¿para qué sirve si en un caso de emergencia no actúa?».

Europa es incapaz de mostrar la unidad de acción y la solidaridad que se necesita

Así, sin la protección del paraguas comunitario, los gobiernos siguen actuando por su cuenta y aquí en España el Gobierno ha autorizado ya los primeros 20.000 millones de euros de la línea de liquidez anunciada de garantías crediticias por importe de 100.000 millones, de los que el 50% se destinará exclusivamente para autónomos y pymes. Medida, que, junto al resto de las anunciadas por el Ejecutivo, los analistas y dirigentes empresariales califican de coitus interruputus. Tanto en lo referente a los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), como fundamentalmente en lo que respecta a la ausencia de rebajas tributarias.

El fuerte descenso de las ampliaciones de capital durante los dos primeros meses del año, que según el Gabinete de Estudios Económicos de Axesor se redujo en 1.900 millones de euros en comparativa interanual y, en paralelo, el importe de las reducciones de capital que se incrementó hasta rozar los 3.500 millones, casi un 100% más que en el mismo período de 2019, junto con el anuncio de un millón de parados que prevén los sindicatos, son un serio aviso.

Las medidas «me parecen correctas para quien vaya a ir a pedir crédito y endeudarse, pero los autónomos no las van a usar Tienen otras necesidades que el Gobierno aún no se ha enterado», me comentaba el presidente de ATA y vicepresidente de la CEOE, Lorenzo Amor, quien explicaba que «todavía no sabemos cuándo echarán a andar esas líneas de avales, no sabemos el tipo de interés, y nos queda hasta final de abril en confinamiento. Todo ayuda, pero esto es bueno para los portaaviones, los buques y las fragatas de nuestra economía, pero los infantes de Marina necesitan otra cosa. Si no serán muchos lo que se queden en esta batalla», pronostica.

Pero al margen de su efectividad para la economía real, preocupa también el impacto sobre la macroeconomía. Cierto es que los avales no cuentan para déficit, pero si lo harán si hay fallidos y el reciente informe de Goldman Sachs anuncia una escalada del déficit público en nuestro país que podría llegar al 10% del PIB.

Junto al déficit la preocupación máxima es la deuda. En España está en el 95,5% del PIB y no puede endeudarse más sin poner en riesgo la estabilidad financiera. Analistas del EAE Bussines School estiman ya que la deuda pública española podría elevarse hasta el 115 o 120% del PIB

Y es aquí donde debería entrar en juego la Unión Europea. Alemania y Países Bajos se pueden permitir el recurso a la deuda. España, Italia y Francia no. Pero la UE, ni está ni se la espera, al menos en el tiempo y forma necesarios.

Un Gobierno que gobierne y no nos mienta

Dice sabiamente el refranero que la cara es el espejo del alma. Y la cara Pedro Sánchez tras el interminable Consejo de Ministros extraordinario del pasado sábado era un espejo de abatimiento y de impotencia, no sólo ante la grave situación sanitaria que nos afecta, sino también por la realidad de un Gobierno desbordado, desorientado, sin referencia de liderazgo y, lo que es más grave, enfrentado y dividido.

Un presidente del Gobierno consciente de sus errores en el manejo de la crisis, que había comprobado la inconsistencia de la coalición socialpopulista que preside, incapaz de enfrentarse a su vicepresidente –tuvo que ser la ministra de Economía, Nadia Calviño con ayuda de Carmen Calvo quien parara los pies a Pablo Iglesias- y sin agallas para poner firme a un impresentable e insolidario Joaquín Torra que ya le ha dejado claro que en Cataluña manda él y va por libre.

El mismo Pedro Sánchez que, con estos mimbres, pedía, responsabilidad y confianza a unos ciudadanos que habían asistido esa misma jornada al inverosímil espectáculo de un vicepresidente con su pareja infectada de coronavirus, que se saltaba la cuarentena para asistir a la reunión del Gabinete no para aportar soluciones sino para reclamar más poder y protagonismo para él y sus ministros, en la gestión de un estado de alarma que, como el resto de las medidas, llegó tarde. Además de ser el causante de una «bronca monumental», en palabras de un fontanero de Moncloa, en el seno del Ejecutivo que alargó innecesariamente la implantación de las medidas sanitarias, aplazó la adopción de medidas económicas y retraso en casi 24 horas la cumbre por videoconferencia con los presidentes autonómicos.

Ya se pide un Ejecutivo de concentración liderado por un independiente

Y todo esto se produce después de haber comprobado como este Gobierno ha estado mes y medio –desde el 31 de enero en que se declaró el primer caso en España- desaparecido en combate, negando la gravedad de la epidemia y sin actuar. Una ciudadanía a la que el pasado 13 de febrero se le decía que la suspensión del Mobile World en Barcelona no obedecía a razones sanitarias, a la que once días después el Ministerio de Sanidad le transmitía el mensaje de que quienes venían de zonas de riesgo podían hacer su vida normal; a la que el PSOE animaba por twitter el 5 de marzo a llenar las calles el Día de la Mujer, y que veía como el Gobierno permitía las manifestaciones en toda España, con más de 120.000 personas en Madrid, desoyendo la recomendación de impedir actos masivos que seis días antes había hecho el Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades.

El actual presidente empieza a ser consciente de sus errores en el manejo de la actual crisis

Decía hace unos días el presidente de la Sociedad Española de Medicina y Urgencias Médicas, Juan González Armengol, que «ahora es el momento de salvar vidas, no de los reproches». Y es verdad, es la hora de la unidad y de la solidaridad, pero por parte de todos, en especial, de quienes tienen las responsabilidades de Gobierno, y con un liderazgo firme y claro. En este aspecto son ya varias las voces que desde el mundo empresarial, la mayoría todavía en privado, empiezan a pedir «un gobierno de concentración presidido por un independiente». «Merecemos un gobierno que no nos mienta» repetía el lamentablemente desaparecido Alfredo Pérez Rubalcaba cuando los atentados del 11-M en Madrid. Que no nos mienta y que gobierne con sentido de Estado y en beneficio de una sociedad y unos ciudadanos que son quienes realmente están demostrando esa responsabilidad que pide el Presidente. «¡Dios, que buen vasallo, si hubiera buen señor!», que rezaba el Cantar del Mio Cid.


El virus de la globalización

Mientras el Gobierno de Ángela Merkel en Alemania anuncia que invertirá 12.400 millones de euros en los próximos tres años para ayudar a empresas y trabajadores afectados por las consecuencias del coronavirus, aquí el Ejecutivo socialpopulista de Iglesias y Sánchez sigue sin reaccionar ante la epidemia económica generada por el Covid-19 como se le denomina oficialmente, en contraposición con la aparentemente acertada gestión de la alerta sanitaria. Y ello a pesar de que los organismos internacionales, las agencias de rating y los analistas financieros no dudan ya en avanzar que la generalización de la epidemia nos aboca a una recesión económica más dura aún que la que se venía anunciando antes del conocimiento de la enfermedad.

Desde la OCDE se avanza ya que la epidemia del coronavirus restará medio punto al crecimiento de la economía mundial, quedando en sólo un 2,4 por ciento en 2020, con caídas de ocho décimas en el PIB de China y una en el de EEUU, al tiempo que coloca a Europa al borde de la recesión.

El Covid-19 debe hacer que los países se replanteen su dependencia con respecto a China

Una recesión que Goldman Sachs asegura ya en Italia, coloca a Alemania en los umbrales de la misma, mientras que rebaja en cinco décimas, hasta el 1,3%, el crecimiento de la economía española con las dramáticas consecuencias que tan exiguo avance puede tener para el empleo. Hasta tal punto se ha extendido el pánico que los bancos centrales han avanzado ya su predisposición a intervenir, empezando por esa rebaja de medio punto en los tipos de interés anunciada por la Reserva Federal (FED) estadounidense, a la que se apunta también el Banco Central Europeo (BCE), acompañada posiblemente por nuevas inyecciones de liquidez.

Pero a diferencia de lo ocurrido en la crisis de 2008, estos estímulos de la política el monetaria no tendrán el efecto curativo de entonces, y serán únicamente paliativos, a la espera de la normalización del problema sanitario, al tiempo que su tratamiento exige el acompañamiento de medidas fiscales drásticas dirigidas a la suspensión o rebaja de aranceles y de impuestos indirectos. Es decir, todo lo contrario que está en la hoja de ruta del tándem Sánchez-Iglesias y su pléyade de ministros a la greña.

Porque el efecto diferencial de esta epidemia del Covid-19 con respecto a otras pandemias anteriores es que en una economía globalizada el problema de un país afecta directamente a otros en un aspecto clave como es la producción de bienes donde los insumos de determinadas economías pueden paralizar la actividad otros muchos estados con los que se interrelacionan. Es decir, si antes la paralización o disminución significativa en la producción de bienes de cualquier clase utilizados para fabricar otros bienes afectaba sólo a un país o a una región, hoy puede arrastrar al mundo.

Esta evidencia, que se contemplaba en el plano teórico pero que la extensión del coronavirus ha bajado al terreno de la realidad, debería llevar a las economías desarrolladas a replantearse el actual modelo de autonomía y dependencia en el suministro de materias primas. ¿Ha sido sensato depender mayoritariamente de China seducidos por una economía dirigida con mano de obra barata, mínimos derechos sociales y precios bajos? ¿No ha llegado el momento de aprovisionarse más en África o América Latina y, en el caso de España, apostar por una relocalización industrial hacia la cuenca del Mediterráneo? Son estas cuestiones para una reflexión que deberían estar haciendo ya quienes tienen capacidad de influencia o actuación sobre las decisiones económicas, a nivel nacional y mundial. Porque, como ha ocurrido siempre en la historia las crisis financieras suelen venir precedidas de acontecimientos predecibles pero inesperados para los burócratas que pueblan los despachos de los organismos multilaterales y que planifican en las musas pero que nunca bajan al teatro de la economía real y la actividad de las empresas. Ocurrió con las hipotecas basura o subprime y visto está que no aprendimos nada de aquella convulsión.

La inexorable levedad del ‘casadismo’

Al margen de la credibilidad que nos merezcan las encuestas oníricas del CIS, lo cierto es que todos, absolutamente todos los sondeos de intención electoral que se vienen sucediendo desde el 9-N muestran con una inmutabilidad tozuda que el Partido Popular de Pablo Casado no sólo es incapaz de recoger los votos que pierde el PSOE, sino que se deteriora en idéntica o en mayor proporción que el partido en el Gobierno.

Los datos de la encuesta de Demoscopia, una de las que prácticamente calcó los resultados finales de noviembre, con fecha del 29 de febrero, muestran como los populares sólo obtendrían el 19,7% de los votos que le darían 81 diputados en el Congreso, 9 menos que los que ahora tiene, y se quedaría al borde de ser superado por VOX, que subiría hasta un 18,8% en intención de voto y 70 escaños.

Los votantes de centroderecha no perciben que el PP tenga un proyecto sólido

Y eso pese a la debacle de Ciudadanos que se quedaría únicamente con un 3,9% de los votos y sólo 4 escaños que serían insuficientes para formar grupo parlamentario. Al tiempo que el PSOE obtendría el mejor resultado desde los últimos comicios generales alcanzando un 27,8% de sufragios y 117 diputados, 3 menos de los actuales.

En la misma línea el Electopanel con datos del 25 de febrero, confirma la recuperación del PSOE al que otorga 118 escaños en el Congreso, un ascenso más moderado de VOX que llegaría a 60 escaños, y la debacle del partido de Arrimadas al que asigna los mismos cuatro diputados que Demoscopia. Y aunque es algo más generosa con los populares a los que concede 87 diputados, sigue reflejando una caída de votos y de 3 escaños en relación con los que hoy detenta.

Datos estos de los que se pueden extraer tres muy evidentes conclusiones. Primera, que Ciudadanos ha entrado en «causa de disolución» y es un partido con cargos de gobierno, pero sin votantes, como admiten hoy destacados dirigentes del PP y de la propia formación naranja.

Una segunda conclusión es que ni el PSOE ni el PP representan hoy a esos votantes de centro que no quieren los pactos de Sánchez con los populistas y los independentistas pero que tampoco comulgan con las concesiones clandestinas de Casado a VOX.

Y, en tercer lugar, que hoy el problema real del Partido Popular es ya el crecimiento de VOX y su avance hacia el reconocimiento internacional amparado por los Estados Unidos y por Donald Trump.

Todo esto se produce, además, con un Gobierno rehén de los independentistas, que se sienta en una mesa de negociación con condenados e imputados por la Justicia, que ha elaborado un escenario económico utópico y de empobrecimiento de las clases más desfavorecidas, que amenaza con unas subidas de impuestos injustas y abusivas y que está fomentado la desigualdad territorial.

Son hechos, anuncios y pronósticos que deberían hacer pensar a Pablo Casado y su cúpula de Génova que algo, o mucho, están haciendo mal. Que a lo mejor, los votantes potenciales del centro y la derecha no perciben aún en el PP una formación sólida, centrada, con proyecto y programa definido y con líder carismático y presidenciable. Pero no. En el aparato de Casado se limitan a desautorizar las encuestas y a competir con VOX, mientras entran a todos los trapos que les pone Sánchez. Pues así les va, y así o peor les puede ir si persisten en «mantenella y no enmedalla» que dirían los clásicos.


La revuelta latente de los desheredados

Mientras el presidente del Gobierno rendía pleitesía a un presidente autonómico títere, golpista e inhabilitado y repartía promesas de millones y más autogobierno en Cataluña, su ministra de Hacienda castigaba a Murcia impidiendo que el gobierno regional recibiera fondos del Banco Europeo de Inversiones (BEI) para reparar los desastres de la DANA y, en un acto de deslealtad institucional, negaba al conjunto de las comunidades autónomas la devolución de los 2.500 millones que les debe el Estado por el IVA de 2017. Decisiones ambas que colocan a España a las puertas del volver al vergonzoso club del procedimiento de déficit excesivo.

Un gobierno que se llena la boca hablando del cambio climático y la despoblación pero que, en sus obras y gestión, que es lo que realmente cuenta, sólo se ocupa y se preocupa de pagar los favores a los nacionalistas e independentistas de Cataluña y el País Vasco, de los que depende su continuidad en La Moncloa, aumentando la desigualdad entre las diferentes comunidades españolas, incluidas algunas en las que gobiernan sus barones. Una política de entrega y sumisión a los partidos cuyos líderes están condenados o fugados por delitos de lesa gravedad, mientras que olvida y humilla a los territorios leales y cumplidores del resto del Estado y cuyos ciudadanos empiezan a estar cansados y a organizarse en partidos o asociaciones de «taifas» localistas, al estilo de ese Teruel Existe oportunista, resucitando así un cantonalismo insolidario y gravemente pernicioso para la estabilidad política, los derechos y libertades y la prosperidad económica de España.

El Gobierno solo se preocupa de pagar los favores a los nacionalistas e independentistas

Algunos barones y ex altos cargos socialistas empiezan a alertar ya de que la protesta del campo es sólo la punta del iceberg del hartazgo de la España interior. Una bomba de espoleta retardad que amenaza directamente a La Moncloa, donde «ni les importa, ni se enteran».

Son casi nueve millones de españoles que viven en Castilla La Mancha, Castilla y León, Extremadura, La Rioja, Murcia y Aragón, que asisten entre perplejos e indignados a esta entrega de recursos y prebendas a los independentistas mientras se debaten entre el silencio resignado o seguir el ejemplo de sus vecinos del campo, conscientes de que este Gobierno que ni teme ni respeta a una oposición minimizada ni a las críticas fundadas de los medios de comunicación independientes, neutralizados por las televisiones sumisas que domina, si tiene pánico a la calle como demuestra la rápida reacción, al menos de palabra, a la revuelta de los agricultores.

Ciudadanos y territorios que, como muestran las encuestas, son ahora el semillero de votos de Vox que es ya la primera fuerza en Murcia y, a tenor de los últimos sondeos, supera ya al Partido Popular en Castilla-La Mancha y la Rioja y se acerca aceleradamente al sorpasso en Castilla y León y Extremadura, ante la falta de estrategia del PP de Casado y ante la pasividad cómplice de los gobiernos autonómicos de Lambán, Fernández Vara o García Page a quienes son ya muchos de sus conciudadanos que les esperan en las próximas urnas autonómicas en las que su actitud de consentidores necesarios les puede dejar en la misma situación que al «Cornudo y Apaleado» del Decamerón.


Las víctimas del catastrofismo económico

De los muchos y graves riesgos que para la economía española tiene el cuadro macroeconómico dibujado por las ministras Montero y Calviño, tal vez el más grave de todos por su influencia sobre el resto de indicadores es que el cumplimiento de los objetivos propuestos nos devuelve, de cabeza, al procedimiento de déficit excesivo de la UE.

Un escenario este, en el que coinciden la mayoría de analistas económicos y del que alertan las instituciones internacionales, que como ocurriera en los años negros de los gobiernos de Rodríguez Zapatero, tendrá dos víctimas principales: las clases medias y el empleo menos cualificado.

Y esto no es catastrofismo, como califica el Gobierno las críticas que desde dentro y desde fuera llueven a su remodelada hoja de ruta, sino la realidad que apunta el análisis de los números que, por mucho que intente, ni cuadran, ni convencen. El propio Ejecutivo socialpopulista, sólo 30 días después de la investidura de Pedro Sánchez ha revisado a la baja en cuatro décimas el objetivo de crecimiento de la economía, pasado del 2% inicial a sólo el 1,6 por ciento, lo que supone rebajar un 20 por ciento el vigor de la actividad económica. Y eso si se cumple porque la CEOE, en línea con otros organismos y servicios de estudios, ha reducido esta misma semana al 1,5% su previsión de crecimiento.

Es un error aplicar políticas fracasadas que llevaron a España a su mayor crisis económica

Un descenso significativo de la actividad que supone un lastre para el cumplimiento de las promesas sociales del Gobierno, cuyo coste se estima en 35.000 millones de euros, frente a los poco más de 4.200 millones que se prevén recaudar con las subidas fiscales a las transacciones financieras y a las tecnológicas, las llamadas tasas Tobin y Google, esta última no olvidemos aplazada, y cuando desde Bruselas se exige, además, a España un ajuste de gasto de otros 9.000 millones.

Desfase para cuya corrección en parte el equipo económico del Gabinete amenaza con una subida del IVA, atentando directamente contra el consumo, y que unida a los aumentos impositivos anteriores, impactará directamente en la cuenta de resultados de las empresas no cotizadas y de los autónomos con la consiguiente traducción en cierres de negocio y destrucción de puestos de trabajo.

En definitiva, un panorama de mayor presión fiscal y desempleo creciente que agravará aún más la situación de las clases sociales más débiles, precisamente aquéllas a las que Sánchez, Iglesias y los suyos pregonan que quieren defender, mientras los indicadores de actividad siguen empeorando mes a mes y en prácticamente todos los sectores. También en esta última semana hemos conocido que la compra y venta de viviendas cayó un 3,3% en 2019, su primer retroceso desde 2013, y que el último informe sobre morosidad de Axesor prevé que la concesión de crédito a las empresas caerá un 2,7% en el primer trimestre de este año, descenso que llegará hasta el 10 % en el caso de las empresas del sector inmobiliario y de la construcción, al tiempo que la concesión de hipotecas se reducirá en un 6%.

Esto sí es catastrofismo y no verbal, sino social. Porque catastrofismo es volver a aplicar las políticas fracasadas que llevaron a España a la mayor crisis económica de la historia moderna. Y catastrofismo es también empecinarse en derogar un reforma laboral que ha generado cerca de medio millón de nuevos empleos anuales y que hizo posible que, por primera vez la economía española pudiera crear empleo con crecimientos del PIB inferiores al 2 por ciento, y que se quiere suprimir sólo por inquinas ideológica y en contra de la lógica y la razón de Estado.


Venezuela, lo que el dinero esconde

Madrid. Lunes 3 de diciembre de 2018. Comisión de Investigación sobre la Financiación de los Partidos Políticos en el Senado. Comparece el presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, Miguel Ángel Martín Tortabú. Elegido por la Asamblea Nacional venezolana, refrendado en plebiscito por el pueblo venezolano y perseguido y exiliado por la tiranía de Maduro., Martín Tortabú entra de lleno en el tema objeto de la Comisión para desvelar aspectos claves de la actividad internacional del llamado Foro de Sao Paolo, (Venezuela, Cuba, Bolivia, Nicaragua…) y afirma que «tenemos información. La Fiscal General de Venezuela hoy en el exilio entregó a la Interpol una amplia información sobre el caso de financiación de mil millones de dólares y euros para partidos socialistas en Latinoamérica y en Europa, y pagos destinados a una fundación, el Centro de Estudios Políticos y Sociales, que se habría utilizado para constituir una fuerza política socialista en España».

Se refería el compareciente a la Fiscal Luisa Ortega, huida a Colombia en 2017 y cuya comparecencia en la Comisión de Investigación estuvo anunciada varias veces y nunca se produjo.

Sorprende e indigna el giro del Gobierno en su política respecto al régimen venezolano

He recurrido al diario de Sesiones de la Cámara Alta a instancias de un buen amigo y veterano parlamentario, sorprendido e indignado por el giro del Gobierno en la política con Venezuela, el desprecio del presidente Sánchez al presidente Guardó y el sainete del ministro Ábalos en Barajas. Sorpresa e indignación que comparten también destacados socialistas que, a la vista de los hechos recuerdan que un juzgado de primera instancia de Madrid mantiene imputados al que fuera presidente del INI con José Luis Rodríguez Zapatero, Javier Salas Collantes y a su socio Antonio Rodríguez Andía, por presunto tráfico de influencias y delito fiscal, relacionados con el cobro de comisiones en el contrato de Navantía, firmado en noviembre de 2005, para construir ocho patrulleras militares para el ejército venezolano. Contrato en el que, aseguran, estuvo directamente implicado Zapatero, hoy principal amigo y valedor de Maduro.

Las comisiones, cuentan estos socialistas y confirman también desde el PP, ascendieron a unos 75 millones, se cobraron en Panamá y en Madrid y además de Salas y su socio se beneficiaron altos mandos del ejército venezolano la empresa Rezbave (que actuó como intermediaria). Y recuerdan también que por aquellas fechas era embajador en Caracas Raúl Morodo, investigado por Anticorrupción, por presunto blanqueo de capitales, corrupción y evasión fiscal en la llamada Operación Nafta sobre el pago de cuatro millones de euros realizado por la empresa Petróleos de Venezuela (PDVSA). «Tenga o no tenga relación -afirman- lo cierto es que los hechos ahí están».

Pero volviendo al diario de Sesiones. Tras escucha la exhaustiva relación de la falta de libertades, violaciones del Estado de Derecho, hambre, miseria, detenciones arbitrarias, torturas y exilio que vive la población de Venezuela, pregunta el senador popular, Luis Aznar: «¿Cree usted que ese modelo que usted nos está describiendo es trasladable a España? ¿Cree usted que esto podría ser trasladable a cualquier democracia madura como es la nuestra o como son las democracias en Europa?». Responde el señor Martín Tortabú: «Yo creo que sí es posible», y apostilla «es posible si España lo permite, lo quiere, se confía y mantiene una zona de confort. Nos pasó a nosotros». El que avisa…

P.D. Una duda que surge ahora en los ámbitos políticos. ¿Tendrá algo que ver el giro de Sánchez con el anuncio de Maduro de abrir Petróleos de Venezuela al capital privado y una posible entrada de Repsol?


No me chilles que no te veo

Dice sabiamente el refranero que no hay peor sordo que el que no quiere oír ni peor ciego que el que no quiere ver. Y este aforismo es hoy miméticamente aplicable en la política española a los partidos del centro y la derecha y a sus dirigentes, empeñados en no escuchar las voces del voto centrista, reflexivo y moderado y en no ver los resultados y las conclusiones que se repiten prácticamente todas las encuestas -las serias, no las de Tezanos- desde los comicios de noviembre.

Cómo en la película protagonizada por Richard Pryor y Gene Wilder, cuyo título encabeza estas líneas, las cúpulas del Partido Popular ignoran el clamor de ese amplio espectro de ciudadanos que se identifican ideológicamente con el liberalismo desencantado de los modos y las formas del PP y de Ciudadanos y de los que militan en el ámbito de una socialdemocracia abandonada por el socialismo sanchista que se ha echado en brazos del populismo radical.

Casado empieza a ser visto como un líder de transición y no como un futurible presidente

Son cuatro millones de electores que la experiencia y la estadística demuestra que son los que ponen y quitan mayorías, hoy huérfanos de representación y que se debaten entre escorarse al menos malo, si es que existe, o la abstención. Los datos del Electopanel del pasado 19 de enero, que se repiten con ligeras variaciones desde la consulta electoral muestran que el PP de Casado no sólo no rentabiliza la pérdida de votos del PSOE, sino que cae también en intención de votos y en escaños hasta 81 diputados si hubiera hoy elecciones, 8 menos que los que hoy tiene en el Congreso. Siete escaños perdería el PSOE que se quedaría en 113, mientras que Vox es el gran beneficiado con una subida de 8 escaños, los mismos que pierde el Partido Popular.

PP y Ciudadanos parecen ignorar a esos cuatro millones de votantes, liberales y socialdemócratas, huérfanos hoy de representación y que se debaten entre el menos malo y la abstención

Otro dato a tener en cuenta es que la suma de PP, Ciudadanos y Vox daría ya 153 escaños, dos más que la suma de PSOE y Podemos. Mayoría que podría ser más elevada para el bloque de centroderecha teniendo en cuenta que nuestra injusta Ley Electoral benéfica a las mayorías y penaliza la fragmentación.

Especialmente preocupante es la actitud y el planteamiento del núcleo dirigente del PP, con un Pablo Casado que ha perdido ya dos elecciones, la primera de forma estrepitosa, y muchos en su propio partido y también entre su electorado empiezan a ver como un líder de transición y no como un futurible presidente, y que entra al trapo de todos los cebos que le ponen Sánchez y el PSOE, como en el caso del llamado Pin Parental, una cortina de humo del Gobierno para tapar su falta de soluciones y sus cesiones al independentismo.

«Casado vuelve a equivocarse», coinciden voces autorizadas y con peso entre los diputados y barones populares. «En lugar del Pin Parental debería de estar hablando de la Fiscal General del Estado, de sus relaciones con el comisario Villarejo, de la deriva en Cataluña, de las mordidas de Zapatero y Bono a través del embajador Morodo en Venezuela, de la financiación irregular de Podemos o del alarmante deterioro de la economía y del empleo», aseguran.

El PP sigue perdiendo electorado en las encuestas, en beneficio de Vox

Y algo parecido ocurre en Ciudadanos, que ha cambiado su estrategia pero tarde. Es prácticamente irrelevante en el Parlamento, mientras que los ceses de regionales y la dimisión de Igea de sus cargos en Castilla y León apuntan a una sublimación o voladura, más o menos controlada, a la imagen y semejanza de UPyD.

Pues eso. Cuando deberían estar trabajando para unirse, demostrando tener un sentido del Estado del que carece el jefe del Gobierno y examinando «su cuenta de resultados trimestre a trimestre», sigue empeñados en mirarse el ombligo y en la inmadurez. Así les va


Los intereses creados en el horóscopo de Pedro Sánchez

Confieso que yo era uno de esos muchos que antes de la investidura apostaban por una legislatura efímera y convulsa. Lo segundo lo mantengo, pero confieso también que soy también uno de esos muchos que donde dijimos digo decimos ahora Diego y jugamos, si no a esos 1.400 días que piensa Sánchez seguir durmiendo en La Moncloa, si al menos a un gobierno de coalición para un trienio, si el escenario internacional no lo complica.

Parodiando a esa Leire Pajín, que desde su ardor zapateril hablaba de una «conjunción astral» que bendecía la era Obama-ZP, habría que decir que a favor de Sánchez juegan, si no el horóscopo, si los intereses creados de unos líderes y unas formaciones políticas, de uno y otro lado del arco parlamentario, que fían en la permanencia de este gobierno de coalición su futuro político y sus intereses económicos.

Podemos, ERC y PP  fían su futuro político a la permanencia del Gobierno

En primer lugar el socio necesario, ese Unidas Podemos, que con los peores resultados de su corta historia ha conseguido sentarse en el Consejo de Ministros, y que necesita rentabilizar su gestión en los asuntos sociales para no ser fagocitados por el pez grande del Ejecutivo, seguir siendo referente de la izquierda y para mantenerse en niveles económicos y de poder dentro de esa casta a la que hasta hace muy poco repudiaban.

Algo parecido ocurre con los independentistas de ERC, que como recordó su portavoz, Marta Vilalta, el gobierno de Sánchez es una «oportunidad para la independencia» y cuanto más duré mas pasos irán dando hacia ese, su último objetivo, amén de que trabajan ya en una coalición con el PSC de Iceta para gobernar en Cataluña y dar un golpe de gracia a sus íntimos enemigos Junts x Cat y compañía. Las mismas motivaciones que están también en la hoja de ruta del PNV y Bildu, que ya dijo Arnaldo Otegui que este gobierno es «una ventana de oportunidad».

Casado necesita hacer oposición durante tres años para ganar poder local, avanzar en la refundición del centroderecha y consolidarse en su propio partido

Pero lo más sorprendente, al menos para quien no esté al corriente de las tribulaciones y vicisitudes de la calle Génova, es que el Partido Popular también esté por la labor de conservar a Sánchez durante un tiempo prudencia y no inferior a unos mil días. «Este es el gobierno que quería el PP de Casado, con un presidente elegido en segunda votación y ganada con un resultado pírrico» comentaba un dirigente popular, justo después de la Junta Directiva Nacional posterior a la investidura en el Congreso.

Un gobierno, añadía, «que le permita hacer oposición durante tres años. Los dos primeros para ganar poder en las provincias y comunidades autónomas donde no gobierna, para abrir un calendario de refundación o convergencia del centroderecha, y para impedir que Casado pierda por tercera vez consecutiva unas elecciones generales».El Gobierno tiene lista la nueva ley educativa a la espera de que Sánchez decida las reformas prioritarias

Especial relevancia tiene este último punto, porque a pesar la unidad aparente, dentro del PP son muchos los que consideran que Pablo Casado es un «líder de transición» y no un futurible presidente, a menos que una larga travesía por el desierto de la oposición le consolide si sabe aprovecharla.

Y como para muestra dicen que para muestra un botón, pues aquí tenemos tres: Rafael Catalá, Isabel García Tejerina y Borja Sémper, cuyas renuncias en los últimos días se vinculan por reputados y cercanos compañeros de partido al convencimiento de que en el PP no hay posibilidades de «tocar poder institucional» a corto y medio plazo y buscan, legítimamente, afianzar su futuro profesional en el sector privado. Será…


El fin de una era o ¿el ocaso de Occidente?

“Porque hoy Señorías se está inaugurando la demolición del Estado que conocemos». Con estas palabras, junto a otras fundadas razones, justificaba la diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, su voto negativo a la investidura de Pedro Sánchez, en contra de las órdenes de su partido. Una premonición que comparten hoy la mayoría de los políticos de cualquier ideología, analistas y dirigentes sociales españoles, donde impera el convencimiento de que entramos en un proceso de sustitución del sistema de la Transición.

«Las bases del consenso constitucional del 78 será voladas sin control hacia un nuevo proyecto constitucional que renovará el papel del diálogo político, de la Administración de Justicia, de la economía, de la igualdad entre territorios, de la educación y de las prestaciones sociales» afirmaba este fin de semana un veterano dirigente del Partido Popular, quien añadía que «el desafío al Estado desde ERC y el PNV imperará en esta legislatura sin disimulo».

Reflexión esta que hacía suya otro exdirigente socialista, todavía referente en el partido, quien aseguraba que «estamos ante un cambio de ciclo histórico, no sólo en España sino en Europa y en el conjunto del mundo occidental donde han entrado en crisis todas las instituciones que se crearon después de la Segunda Guerra Mundial para evitar otro enfrentamiento».

En el caso de España es evidente que vamos hacia un cambio de ciclo. Aunque los nombramientos de Arancha González Naya y José Luis Escrivá en Exteriores y Seguridad Social tranquilizan, de momento, a los poderes económicos y la derogación de la reforma laboral parece que se quedará en «la supresión de tres o cuatro artículos para contentar a los sindicatos, como el referente al absentismo». Claro, conociendo al presidente, nada es descartable y los principales organismos internacionales apuntan ya que la consolidación de un nuevo Gobierno no asegura que el país se encuentre ante un escenario de estabilidad política y aluden a la división en el Congreso para poner en duda que puedan aprobarse ciertas medidas que serían beneficiosas para la economía.

A ello se añade que en un mundo global las turbulencias internas se añaden las que vienen desde el exterior, y especialmente de una Unión Europea en crisis identitaria y de liderazgo, con un Brexit en la recta final, el crecimiento de los euroescépticos, el auge de los populismos y en pleno deterioro de todos los indicadores económicos. A ello se añade que la retirada de Merkel deja a la Unión huérfana de referente con la incógnita de esa Annegret Kramp-Karrenbauer que asumirá el relevo en Alemania y un Enmanuel Macron que se quedó en promesa y agobiado por los problemas internos y la caída en picado de la popularidad.

Crisis que afecta también a las principales instituciones económicas internacionales como el FMI, el Banco Mundial o la Organización Mundial de Comercio (OMC), cuestionados desde dentro y desde fuera, afectados por una creciente pérdida de credibilidad y gravemente tocados por el auge del modelo bilateral frente a la multilateralidad que impulsan EE UU y el Reino Unido. Un escenario convulso en el que asoma un casi único y principal beneficiario: China, que nunca se integró y que cada día se consolida más como relevo de los norteamericanos en el primer puesto del podio de la economía mundial, en detrimento de un mundo occidental que parece abocado inexorablemente a esa decadencia que le pronóstico hace ahora un siglo el visionario Oswald Spengler.

La tragedia del “bloquismo” en la parodia de la investidura

Respeto pedía Pablo Casado para el Partido Popular aludiendo a las presiones que desde dentro y fuera del partido están recibiendo para que facilite la investidura de Pedro Sánchez y evitar así ese gobierno Frankestein con Podemos y el apoyo de los independentistas, mientras insistía en que la responsabilidad del desbloqueo es «exclusiva» de Pedro Sánchez.

Respeto sí. Pero ese mismo respeto, o más incluso, deberían tenerlo ambos líderes políticos y los del resto de las formaciones con los ciudadanos españoles que en su inmensa mayoría y desde todos los ámbitos están exigiendo la formación de un gobierno de los constitucionalistas, moderado y que garantice la estabilidad que necesita este país para afrontar la situación económica y el problema territorial.

Primero fueron los empresarios desde la CEOE y el Círculo. Luego el manifiesto España reúne con 300 personalidades y ex lideres políticos socialistas encabezados por Nicolás Redondo Terreros, Joaquín Leguina y César Antonio Molina. Luego el manifiesto de los constituyentes con Alfonso Guerra al frente y secundado por Juan José Laborda, Enrique Múgica, Virgilio Zapatero, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, José Manuel García-Margallo, Landelino Lavilla y Rodolfo Matín Villa, entre otros.

Pero como dice acertadamente el refranero que no hay peor ciego que el que no quiere ver ni peor sordo que el que no quiere oír, desde Moncloa y desde Génova siguen empecinados en ese bloquismo trágico que está agrietando España en palabras del expresidente Felipe González y anteponiendo sus intereses personales -ni siquiera de partido- a los de España y de los españoles, con un presidente en funciones que sin programa, sin proyecto y sin principios al que ciega la ambición; y con un líder de la oposición aparentemente errático, inmaduro, y mal aconsejado por su núcleo duro.

Tanto el PP como el PSOE deberían tener respeto por los ciudadanos y evitar el bloqueo

«Al PP de Casado le interesaba la repetición de las elecciones en abril. Ahora le interesa un gobierno de dos años de Sánchez con los comunistas y los independentistas», aseguran voces próximas a la dirección popular, en una posición que recuerda ese «dejad que caiga España que ya la levantaremos nosotros» que dirigió Cristóbal Montoro a la portavoz de Coalición Canaria Ana Oramas durante la votación en el Congreso de la reforma financiera de Zapatero en 2012.

La táctica del cuanto peor mejor que se mantiene como una constante entre la clase política de este país, y que avala el porqué la política y los políticos son hoy el segundo gran problema en las preocupaciones de los españoles y el líder más fiable apenas si lo es para un 20 por ciento de los ciudadanos, tal y como refleja el CIS. Unos ciudadanos que toman nota y una actitud esta de los dos grandes partidos que es el principal motor de Vox, la formación de Santiago Abascal que de celebrarse hoy elecciones superaría el 16 por ciento de los votos, a solo 2,5 puntos del sorpasso al PP y rozaría los 60 diputados, mientras socialistas y populares perderían ocho y siete escaños, respectivamente, hasta quedar en 112 y 83, con datos del Electopanel del 28 de noviembre. Y los números, como el algodón, no engañan.

Luz de gas en la noche del PP

Salvando la lógica satisfacción por la importante subida en votos y en escaños y admitiendo el acostumbrado exceso anímico y verbal que acompaña a una noche electoral, para muchos observadores, e incluso para algunos destacados militantes, resultaba sorprendente la euforia desatada en la sede popular de Génova y entre sus líderes, exultantes por haberse consolidado como la alternativa mayoritaria al sanchismo imperante, sin reparar en que la mejora conseguida dista mucho de la que aspiraban y necesitaban para negociar con el PSOE de igual a igual las condiciones del desbloqueo político que España necesita con la mayor urgencia.

Aumentar en 22 los escaños del Congreso y obtener 600.000 votos más que hace seis meses es, evidentemente, un excelente resultado, pero que debe matizarse por la paupérrima cosecha de la que se partía, porque ni de lejos se han acercado a esa cifra mágica de los cien diputados que se habían marcado como meta, y porque siguen todavía a 32 escaños de un Sánchez a la baja y que perdió su plebiscito, mientras que no ha conseguido recuperar muchos de los votos que se le fueron a Ciudadanos en abril y que ahora han preferido encandilarse con los cantos de sirena de Abascal.

Casado y Egea deben mirarse en el espejo de Albert Rivera y ver a dónde lleva el «no es no»

Además, hay otros datos que invitan más a la reflexión y a la preocupación que a la soberbia, como el hecho de haber sido superado por Vox en Murcia -por cierto la comunidad de su secretario general Teodoro García Egea- y en Andalucía, o que sigue siendo extraparlamentario en el País Vasco o que en Cataluña solo ha conseguido dos escaños, uno más que el solitario que ya tenía Cayetana Álvarez de Toledo. Una comunidad donde tampoco ha sabido rentabilizar el descalabro de Ciudadanos del que quien más se ha aprovechado ha sido también Vox. Un partido éste de la derecha extrema que en el único punto de España donde ni crece y ni siquiera existe es en la Galicia de Núñez Feijoo. ¿Habrán tomado nota Casado y sus acólitos?El PSOE pierde su mayoría absoluta en el Senado ante un PP que se recupera

Son muchas y graves sombras entre las luces que se abrieron en la noche electoral, a las que se añade ahora la disyuntiva de apostar por la radicalidad desde la oposición o apostar por algún tipo de acuerdo con el PSOE para dotar a España de la estabilidad que precisa con urgencia para afrontar el problema territorial y la crisis económica. «Casado y García Egea no quieren el acuerdo» afirmaba una voz autorizada del PP, quien admitía también que ahora es «impensable exigir la cabeza de Sánchez para el pacto. Nosotros no nos hemos acercado y él, aunque retrocede, consiguió salvar los muebles».

Cierto es que si hay acuerdo, el PP corre el riesgo de dejar el protagonismo de la oposición a Vox, pero si no lo hay Casado pasará a la historia como el hombre que antepuso los intereses partidistas a los del Estado, que posibilitó un nuevo Gobierno Frankestein con los populistas y los independentistas y como el nuevo responsable del bloqueo. Haría bien en mirarse en el espejo de Rivera y ver a dónde le ha llevado el «no es no».


Entre Alemania y Frankestein

Esta vez sí. Las encuestas acertaron, todas menos las del cocinero Tezanos que si tuviera un mínimo de vergüenza debería dimitir, y el resultado de las urnas vuelve a dibujar un escenario de bloqueo con dos únicas salidas posibles: una gran coalición a la alemana para garantizar esa estabilidad, que hoy ya más que necesaria es perentoria, o la reedición del gobierno Frankenstein de Sánchez con los populistas y los independentistas, con todas sus servidumbres y sus riesgos.

La tercera posibilidad, unas terceras elecciones es impensable y está descartada por los dos partidos tradicionales y mayoritarios.

Una encrucijada la que se abre a partir de este 11 de noviembre, en la que si los líderes políticos estuvieran a la altura de los ciudadanos a los que en teoría representan empezaría ya a negociar esa gran coalición entre socialistas y populares con el añadido de lo que queda de Ciudadanos para afrontar con garantías el problema territorial, la crisis económica que ya tenemos encima y pactar unos presupuestos que permitan mantener el crecimiento, el empleo y abordar las reformas estructurales pendientes.

Incluso, y al margen de los intereses nacionales y del sentido del Estado, y por propio egoísmo partidario, esa gran coalición permitiría a socialistas y a populares plantar cara a Vox y a Podemos desde una acción seria y coherente de Gobierno y evitar el chantaje permanente de los independentistas catalanes y de los nacionalistas vascos.

Eso es lo que hicieron y harían en Alemania y eso es lo que han demandado la mayoría de los españoles en las urnas, pero, ¿dónde están aquí los alemanes? «A Casado y a García Egea no les gusta la coalición y tienen miedo a una oposición de Vox», afirmaban ayer dirigentes del Partido Popular. Mientras que portavoces del PSOE recordaban que «a Sánchez solo le mueve su ambición y pactará con quién sea para seguir durmiendo en La Moncloa, pero buscará cualquier fórmula para evitar una sociedad con el PP».

Un Sánchez que convocó unas elecciones para aumentar su representación parlamentaria y gobernar en solitario y que se encuentra ahora con tres diputados menos, la pérdida de la mayoría absoluta en el Senado y un resultado perdedor que debilita su liderazgo en el partido e imposibilita esa abstención gratuita a la que aspiraba para gobernar. «Se ha pegado un tiro en el pie y solo mantenerse en La Moncloa le garantiza su supervivencia en el partido», matizan en la sede de Ferraz.

Mejor le han ido las cosas a Casado, que mejora sensiblemente sus catastróficos resultados de abril, pero no sube tanto como pronosticaban las encuestas, ni como necesitaban para negociar con el PSOE desde una posición de fuerza. «Si al final se reanudan las negociaciones para la coalición, exigiremos que no se suban los impuestos, mantener la reforma laboral y cambios en la política territorial, pero ya no podremos pedir la cabeza de Sánchez», admiten desde Génova, y Sánchez es el «principal impedimento para un pacto»,

Y del resto solo queda reseñar la ciclogénesis explosiva de Vox, convertido en tercera fuerza política por obra y gracia de la pasividad de Sánchez frente al golpismo y al terrorismo callejero en Cataluña y de una exhumación de Franco que se pretendía a mayor gloria del sanchismo y que ha disparado los votos de Abascal.

Ya lo predecían las encuestas, como también la sublimación de Ciudadanos. Un hundimiento histórico, que le ha costado el escaño al secretario general Villegas y al portavoz Girauta, y ante el cual a Rivera no le queda otra opción que dimitir y a los restos del naufragio buscar abrigo en tierras de populares o del socialismo moderado.

También estaba descontado el retroceso de Podemos y la irrelevancia de esa ficción de Más País, que era más una venganza de Errejón que una opción política coherente.

Y una nota especialmente relevante en estos comicios han sido los resultados electorales para el Senado, donde la tramitación de los presupuestos del Estado previa aprobación del techo de gasto y para aprobar una nueva aplicación del artículo 155 en Cataluña se requiere una mayoría de 130 senadores que ahora solo es posible con la suma del Partido Popular y del Partido Socialista. De ellos depende… y a ellos nos encomendamos.


Pedro, ¿tú sabes lo que es una nación?

Día de San Isidro de 2017. Transcurría el debate de las primarias del PSOE entre los tres aspirantes a suceder a Alfredo Pérez Rubalcaba al frente del partido cuando Patxi López se dirigió directamente a Pedro Sánchez, con Susana Díaz, de testigo, para espetarle: «Pedro, ¿tú sabes lo que es una nación? Pregunta ante la que el interpelado, tras unos momentos de duda respondió entre balbuceos que es «un sentimiento que tiene muchísima ciudadanía, por ejemplo en Cataluña, por ejemplo en el País Vasco, por razones culturales, históricas o lingüísticas».

Momento este en el que quien fuera lehendakari en el Gobierno vasco aprovechó para explicarle, como hace un profesor ante un alumno deficiente, la diferencia entre la «nación política, que conlleva soberanía y la consecución de un estado independiente, y la «nación en términos culturales» que es la pertenencia a una lengua, a una historia o a una tradición, que no lleva a la consecución de ningún estado. Recordándole, además, que en el caso de Cataluña «los socialistas estaremos siempre radicalmente en contra» de la primera de las acepciones. El polémico CIS de Tezanos a las puertas de las elecciones del 10-N

Pues bien, transcurridos dos años y medio de aquel episodio, Pedro Sánchez sigue sin saber lo que es una nación. O lo que es más grave, no quiere o no le interesa saberlo, mientras escucha y se doblega ante los sofismas y caprichos del veleidoso Miquel Iceta, que, como apuntaba recientemente Pablo Casado, y corroboran algunos socialistas de la llamada «vieja guardia», no sólo manda en el PSC sino que «parece que es quien manda también en el PSOE en toda España».

Los mismos socialistas que confirman que fue Miquel Iceta quien llamó el pasado martes a Ferraz para exigir que se volvieran a incluir en el programa electoral las referencias a las declaraciones de Barcelona y de Granada, en las que el sanchismo reconoce el «estado plurinacional» de España y se pronuncia a favor de una reforma constitucional para instaurar un Estado federal. Un retorno a esa equidistancia que el socialismo ha mantenido siempre en Cataluña y un guiño a los independentistas catalanes por si Sánchez vuelve a necesitar sus votos para seguir en La Moncloa y «para que el propio Iceta se postule como paladín de un nuevo Tripartito en esa comunidad».

El jefe del Ejecutivo mintió en la entrevista que concedió a Susana Griso

Y mientras en Ferraz se apresuraban a cumplir las órdenes que llegaban desde Barcelona, Pedro Sánchez le mentía a Susana Griso en televisión atribuyendo el cambio programático a la filtración de un borrador incompleto y a la transparencia del PSOE.

Un presidente en funciones que se ha convertido en el más fiel discípulo de Maquiavelo en eso de considerar la política como «el arte de engañar». El mismo Sánchez que prometió convocar «elecciones inmediatas» en la moción de censura que le llevó a La Moncloa y que las convocó año y medio después y tras ver como sus socios le tumbaban su proyecto de Presupuestos. El Sánchez que plagió su tesis doctoral, el que colocó a su mujer por el dedo en una institución en la que no se sabe qué hace y cuyo sueldo es tan opaco como las maniobras para aplazar la sentencia de los ERE, el mismo que ha nombrado a un comisario político para controlar los informativos de TVE en la antesala de las elecciones según denuncian los profesionales, el que ha colocado a la mitad de la Ejecutiva del PSOE y a casi todo su comité electora la frente de empresas y organismos con sueldos públicos, y el mismo que pasará a la historia no por sus méritos sino por ser el primer presidente del Gobierno expedientado por la Junta Electoral por violar la Ley Orgánica del Régimen Electoral al convertir, el su ministra portavoz, la sede del Gobierno del Estado en el escenario de la propaganda socialista.Sánchez frente al federalismo: fervor con Cataluña como candidato, castigo como presidente

El mismo Sánchez, en fin, que ha puesto al chef Tezanos al frente de la cocina del CIS cuya última encuesta electoral es contraria a las que publican al resto de las instituciones y empresas privadas de investigación sociológica, y que volvía a ser desmentida este viernes por el tracking que resume la totalidad de los sondeos y que da 120 escaños al PSOE, tres menos de los que tenía y muy lejos de los 150 que le da Tezanos, 98 al Partido Popular que roza el centenar y supera en casi 30 escaños a los que le atribuye el CIS; 40 a Vox que doblaría el pronóstico del CIS y 33 y 14 a Podemos y Ciudadanos, respectivamente. Nos merecemos un Gobierno que no nos mienta.

Caso abierto en el poder judicial

Sabido es que el Poder Judicial es uno de los tres pilares básicos del sistema democrático, y es también la confianza de los ciudadanos en la independencia y la credibilidad de la justicia y de los jueces uno de los principios fundamentales del Estado Derecho como garante de imparcialidad y de la igualdad ante la Ley que consagra nuestra Carta Magna.

Principios y confianza que en las últimas semanas empiezan a resquebrajarse a la vista de las controversias, discrepancias y disparidades de criterios surgidas entre los diferentes órganos de la judicatura y sus representantes en relación con las principales sentencias y procedimientos abiertos que afectan a los partidos políticos, a las instituciones del Estado y a sus dirigentes, entre las que resalta especialmente la decisión del Pleno de los Penal de la Audiencia Nacional de destituir al juez José Ricardo De Prada como miembro del Tribunal que juzga la financiación irregular del partido popular, cuestionando su imparcialidad en la sentencia del caso Gürtel y criticando con dureza algunos de los párrafos expresados en el fallo.

«El posicionamiento explícito del magistrado en estas materias le priva objetivamente de la condiciones de imparcialidad exigibles», dice textualmente el auto de la Audiencia para refutar párrafos clave de la sentencia de De Prada que, recordemos, fue el argumento del que se sirvió Pedro Sánchez para plantear la moción de censura a Mariano Rajoy y que le llevó directamente a La Moncloa con el apoyo de los populistas, los nacionalistas y los independentistas. Censura y derribo de un Gobierno que, a tenor de los fundamentos jurídicos que aporta ahora la Audiencia, se cimentó sobre una sentencia aparentemente arbitraria y que vuelve a resucitar las sospechas de politización de la Justicia.

Una sensación que se transmite también a raíz de las reacciones a la sentencia del procés y en especial por la decisión del Tribunal de considerar una «ensoñación» lo que para una mayoría de juristas y analistas fue una rebelión. «Aún partiendo de los hechos probados por el Tribunal Supremo esto era un rebelión, no una sedición», afirmaba el catedrático de Derecho Penal Enrique Gimbernat en un seminario sobre la sentencia, en el que el ex magistrado del Constitucional, Manuel Aragón apostillaba que «la clave pusieron medios necesarios para conseguir la independencia, y por motivos no imputables a ellos, como el no reconocimiento internacional, la operación fracasó».

Incluso el presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, no ha tenido reparo en confesar que la impresión que tuvo el 27-O de 2017 es que los condenados «estaban intentando subvertir el orden constitucional», aunque a continuación se apresure a matizar que respalda plenamente el fallo.

Y qué decir del llamado juicio de los ERE de Andalucía en el que están imputados los expresidentes socialistas Manuel Chaves y Juan Antonio Griñán. Un juicio que se inició en diciembre de 2017 y que este fin de semana hemos conocido que el juez encargado de la pieza política del proceso ha pedido un aplazamiento del plazo que le había dado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, por lo que la sentencia no se conocerá hasta pasadas las elecciones del 10-N en contra de lo que estaba previsto y para alivio del PSOE. ¿Casualidad?

Son demasiados casos abiertos y demasiadas controversias que urgen a esa tantas veces anunciada y nunca realizada reforma de la justicia, para evitar esa sensación de inseguridad jurídica y de politización que empieza a cundir entre la opinión publica y que desde algunos extremismos se está intentando fomentar. Como dice, y dice bien, la sabiduría popular, la mujer del César no sólo debe ser honesta, sino parecerlo y demostrarlo.


De la sentencia al veredicto de las urnas: Pedro Sánchez sólo intervendrá en Cataluña en función de sus intereses electorales

El reto catalán se presenta a comienzos de una nueva campaña electoral

Poco podía imaginar Pedro Sánchez cuando decidió convocar nuevas elecciones para poder dormir sin tener a Podemos como socio de gobierno que, a tres semanas de la cita con las urnas, lo que de verdad le iba a quitar el sueño, y a lo mejor hasta el colchón de La Moncloa, era la movilización «de la rabia» alentada desde la Generalitat de Cataluña y protagonizada por radicales violentos bajo el paraguas de los CDR y de ese siniestro Tsunami Democratic.

Una oleada de algaradas, huelgas y revuelta callejera que puede que haya sobrepasado al presidente del gobierno en funciones, como afirma Pablo Casado, pero que en modo alguno ha agotado su manual de resistencia. «Pedro será un mal gobernante pero es un buen estratega. Intervendrá en Cataluña en función de sus intereses electorales y sólo si a él le interesa», asegura un veterano socialista que le tuteló durante sus primeros pasos en política.

En Moncloa son conscientes de que el 10 de noviembre Sánchez se la juega con Cataluña, pero también que la revuelta y la torpeza de Quim Torra pueden ser una oportunidad. Por eso mide muy bien los pasos y descarta, de momento, tomar medidas de excepción. «Tiene la sartén por el mango» explica el citado ex preceptor del presidente, quien matiza que en el Ejecutivo saben que si se ve obligado a aplicar la Ley de Seguridad Nacional o el artículo 155 de la Constitución siempre va a contar con la lealtad del PP y de Ciudadanos y será él quien lidere la respuesta al desafío.

Al mismo tiempo, y antes de tomar una decisión, desde el Gobierno y en Ferraz están sopesando si los hipotéticos votos que pudieran sumar por la aplicación de medidas de excepción serían suficientes para compensar los que fueran a perder en Cataluña, además del coste político de una más que probable división en el PSC, donde no son pocos quienes abrazan la causa del nacionalismo.

Y mientras Sánchez deshoja la margarita, en círculos políticos y judiciales crece la sospecha de que tras la sentencia del Supremo se pueda «ocultar un posible pacto secreto entre el Gobierno con los independentistas catalanes», como apuntaba el catedrático de Derecho Constitucional, Jorge de Esteban en su artículo «Una sentencia desacertada». Entienden esto quiénes recelan de que el juez Marchena y el resto de los magistrados del juicio del procés buscaran la unanimidad de la sentencia para evitar fisuras que pudieran dar argumentos a los discrepantes y para garantizar la firmeza del fallo judicial ante el más que posible recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.

Entienden también que el Tribunal fuerce el argumento para calificar de «ensoñación» lo que fue una proclamación real de independencia y entienden también que la Sala no haya accedido a aplicar el artículo 36.2 del Código Penal para que los condenados no puedan acceder al tercer grado penitenciario hasta haber cumplido la mitad de su condena, en un intento, a la vista estéril, de suavizar las reacciones y las críticas de los independentistas.

Pero, acatando y respetando la sentencia, lo que cuesta entender es que el Tribunal considere delito de orden público y no un delito contra la Constitución la proclamación efectiva y real de la independencia por el Parlamento y el Gobierno autonómicos de Cataluña, cuando el artículo 472 y siguientes del Código Penal define como delito contra la Constitución, es decir, de rebelión, el «declarar la independencia de una parte del territorio nacional». Sobre todo cuando ese mismo Tribunal explica su condena a Carme Forcadell, argumentando que «hizo posible desde su privilegiada posición de presidenta del Parlament la creación de una legalidad paralela carente de validez».

Una absoluta contradicción difícil de entender si tenemos en cuenta que el término creación se define como la «acción de dar existencia a una cosa», es decir la antítesis de una ensoñación que se explica como el «suceso, proyecto, aspiración o cosa que se anhela o se persigue pese a ser muy improbable que se realice».

Como también es difícilmente entendible que los magistrados afirmen que no hubo violencia «instrumental, funcional y preordenada de forma directa», cuando desde las instituciones catalanas se llamó, y se sigue llamando a la insurrección, se produjeron graves altercados de orden público, agresiones a las fuerzas de seguridad, ultrajes a las instituciones del Estado y enfrentamientos con heridos. ¿Disparidad de criterios? ¿interpretaciones diferentes?, ¿falta de concreción en el Código Penal? Todo es verosímil y justificable, pero en cualquier caso y por el bien de todos son lagunas que debieran aclararse y corregirse.

Casado, regreso al futuro

Con el viento de las encuestas a favor, Pablo Casado ha decidido asumir todo el protagonismo en la estrategia y los mensajes de campaña del Partido Popular ante los comicios de noviembre, una de cuyas prioridades más urgentes era la renovación de las candidaturas para evitar repetir los errores que le llevaron a la debacle del 28 de Abril. «Se acabaron las frivolidades de los toreros y los tertulianos», fue el mensaje que le transmitieron los barones del partido, que ahora sí han bendecido unas listas que desde fuera se interpretan como una recuperación del pasado marianista pero que en clave interna estiman más como una operación estética de «regreso al futuro», complementaria del giro al centro que le han aconsejado.

En Génova interpretan la inclusión de ex ministras en la lista de Madrid como una operación estética para dar imagen de madurez y seriedad más que como una recuperación del marianismo

Con este objetivo Casado decidió apartar a Maroto y García Egea, a quienes muchos responsabilizan del desastre de los comicios precedentes y se responsabilizó directamente de la dirección de la campaña y de la confección de las candidaturas, emulando a lo que hace Pedro Sánchez en el PSOE, de quien también ha imitado en la labor de convertirse en el casi único protagonista en los medios de comunicación y en los actos de partido, acallando incluso a la portavoz en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo que, a pesar de todo, «sigue conservando todo su poder y la confianza del presidente».

«Había que reforzar las listas con personas de probada madurez y experiencia en la gestión», explican voces próximas a la dirección Génova, y a ello se debe el desembarco en Madrid de Ana Pastor, Isabel García Tejerina y Elvira Rodríguez. Pero «las heridas siguen sin cerrarse, apostillan, para recordar que de las tres ministras que arroparán a Casado en la Capital, dos ya eran diputadas y sólo la primera es abiertamente marianista.

El perfil de «experiencia, prudencia, sensatez, buen juicio y mejor imagen pública» de la ex ministra de Fomento y ex presidenta del Congreso, y no su vinculación a Rajoy, ha sido decisivo para su traslado desde Pontevedra, explican. Mientras que, en el caso de García Tejerina, también mudada desde Valladolid, sus afinidades políticas han sido siempre con Arias Cañete, primero, y María Dolores de Cospedal, después.

Casado ha apartado a Maroto y García Egea para asumir directamente la elaboración de las candidaturas y el protagonismo en la campaña.

Algo parecido a lo que ocurre con Elvira Rodríguez, cuya carrera política ha estado siempre ligada a Aznar y Rato, y cuya recuperación para el Congreso ha causado sorpresa y estupor en la sede popular. «Extraña que deje la presidencia de Tragsa y su cargo de consejera en Renault Internacional para ser diputada de a pie, sin responsabilidades de gestión y con la consiguiente pérdida de ingresos».

Al mismo tiempo se subraya como la inclusión de Marimar Blanco como número uno en Álava y la continuidad de Beatriz Fanjul e Iñigo Arcauz en Vizcaya y Guipúzcoa son un «abierto desplante» a Alfonso Alonso, también ex ministro de Rajoy y que mantiene abiertas discrepancias con la dirección de Génova. «Las costuras abiertas en el congreso extraordinario siguen sin coserse», resaltan los citados responsables del PP, aunque si admiten que «hay un intento de acercamiento y colaboración» y es muy posible que Mariano Rajoy participe activamente en algún acto de campaña. El empate, o incluso el triunfo, «está muy difícil pero no imposible», aseguran, y ello obliga a movilizar a todos los activos disponibles.

CRÓNICA DE UN LUCHADOR

Seguramente hay muchas palabras para resumir la vida y la obra de Alfonso de Salas. Pero yo, a la hora de escribir este mi pequeño homenaje al hombre con el que compartí los mejores momentos de mi dilatada carrera profesional, creo que ninguna mejor para Alfonso que la palabra crónica.

La crónica es probablemente el género literario que mejor define al periodismo y la vida de Alfonso de Salas, que ha sido un ejemplo de dedicación, entrega y buen hacer en el mundo de la prensa.

Una vida que es la crónica de un luchador por una prensa fuerte, libre e independiente. Rasgos todos ellos que formaban parte de su personalidad y que él consiguió trasladar a todos sus proyectos periodísticos, siendo ésta la clave de su éxito y el fundamento de la admiración que suscitaba.

Licenciado en Derecho y máster en Economía por la Sorbona, la gran pasión de Alfonso de Salas fue siempre el periodismo y fue esa vocación apasionada la que le empujo a adentrarse en el mundo editorial con la independencia como emblema y la excelencia como norma en todos sus proyectos, desde el Grupo 16 hasta elEconomista, donde tuve el honor de trabajar con él, no para él, porque además de editor y alma del periódico era también amigo y compañero.

Pero por encima de su categoría profesional e intelectual, en Alfonso destacaba su condición humana. Trabajador infatigable, supo rodearse siempre de colaboradores eficaces y con experiencia, a los que ilusionaba con su ejemplo y a los que nunca escatimó el reconocimiento y el elogio. Era un empresario periodístico en el más completo significado del concepto. Probablemente, el último en un mundo en el que las empresas periodísticas están perdiendo el apellido. El último romántico de una profesión para la que siempre fue y seguirá siendo ejemplo, emblema y referente.

¿Hacia la gran coalición?

No es la primera vez que se intenta la posibilidad de un acuerdo a la alemana entre el PSOE y el PP para conseguir la necesaria estabilidad política que permita afrontar con garantías los retos internos y exteriores que nos vienen. El propio Pedro Sánchez intentó esta solución antes de renunciar a una nueva investidura y barones populares como Núñez Feijóo también la insinuaron.

Pero los amagos de entonces se tornan ahora en movimientos y fuentes de ambos partidos aseguran que el pasado mes de agosto se produjo una reunión a alto nivel entre dirigentes de las dos formaciones para explorar la viabilidad de un pacto de legislatura tras los comicios de noviembre y, cuentan, que las opciones continúan abiertas. El giro al centrismo y la moderación de Pablo Casado y el desvío de las hostilidades de Sánchez hacia Iglesias y Rivera formarían parte de esta operación.

Dirigentes del PSOE y del PP estarían explorando la posibilidad de un pacto con condiciones para facilitar la investidura y nuevos Presupuestos tras las elecciones de noviembre.

En Moncloa y en Génova son conscientes de la imposibilidad de una tercera convocatoria electoral si los resultados del 10-N repiten un dibujo parlamentario similar al que ahora ha fracasado y los socialistas son conscientes, además, de que esta vez no podrán sumar con Ciudadanos a tenor de las encuestas, y tampoco apoyarse en un Podemos al que han humillado y que también aparece como perdedor en unos sondeos que apuntan, y en esta ocasión todos arrojan resultados coincidentes, a un escenario en el que la única suma posible para una mayoría sea la del PSOE y el PP -consolidados los primeros y con fuerte crecimiento los segundos- propiciando así el resurgimiento de un bipartidismo que a ambos interesa.

A esto se une que las nubes negras que asoman en el horizonte en forma de recesión económica, Brexit, sentencia del procés, desafío independentista, y la paralización de instituciones y organismos reguladores pendientes de renovación, exigen una solución a la europea, respaldada por Europa y sin tentaciones demagógicas y populistas.

El dilema está en el cómo se concretaría el acuerdo si es que finalmente se produce, excluyendo el gobierno de coalición que aparece a priori descartado. En este punto en el PP se apuesta más por un pacto con condiciones para facilitar la investidura y aprobar nuevos Presupuestos, pero manteniéndose en el liderazgo de la oposición, vigilando al máximo el cumplimiento estricto de los compromisos asumidos por un Sánchez del que no se fían, pero al que no pueden evitar.

En Moncloa y en Génova son conscientes de la imposibilidad de una tercera convocatoria electoral si los resultados del 10-N repiten un dibujo parlamentario similar al que ahora ha fracasado.

La posibilidad de condicionar el pacto a un candidato alternativo al presidente en funciones, que también se ha planteado por los sectores más radicales del partido, está de momento desechada por el PSOE y Casado no está por la labor de presionar en este punto. Todo ello, sin que en Génova descarten del todo el «premio gordo» de una mayoría del centroderecha a la que ellos aspiran, pero en la que casi nadie cree pero que la división del voto de la izquierda por la entrada en liza de Errejón, la fuerte abstención que se adivina y el retroceso previsible de Vox y Ciudadanos pueden propiciar. De momento los populares entran con la proyección de una veintena más de diputados de salida en el inicio de campaña y en Ferraz manejan ya más de una encuesta que les augura una pérdida de escaños. ¿Probable?, difícil, pero no imposible.

La investidura del miedo

Cuando entramos en la recta final del plazo legal para la convocatoria de elecciones y los políticos, analistas e instituciones, preparan ya la repetición de los comicios -incluida TVE que ha sacado ya a concurso el decorado para la jornada electoral confirmando su sumisión al sanchismo gobernante- una inquietud empieza a angustiar a en Moncloa y el PSOE donde cada vez son más los que sospechan que Pablo Iglesias estaría sopesando la posibilidad de anunciar in extremis una rendición total y apoyar la investidura de Sánchez sin coalición ni condiciones.

Una jugada que colocaría al candidato y presidente en funciones ante la espada de perder la batalla de la opinión pública y la pared de «presidir un Gobierno sin capacidad de gobernar», en palabras de un destacado dirigente socialista.

En Moncloa y en Ferraz sospechan que Iglesias estaría sopesando la posibilidad de anunciar in extremis una rendición total y apoyar la investidura de Sánchez sin coalición ni condiciones.

Cualquiera de las opciones es «un dardo envenenado». Si Sánchez rechaza el apoyo incondicional a la investidura aparecería ante la opinión pública y el electorado como el único responsable de la repetición electoral con la posible pérdida de votos y adhesiones. Y si acepta ese apoyo, que llevaría implícito el de los independentistas catalanes y de Bildu, el Ejecutivo resultante se vería sometido a una oposición implacable desde la derecha y por la izquierda que le imposibilitaría sacar adelante esas 370 medidas anunciadas que son más una oferta electoral que un programa de gobierno.

Así, mientras las Unidas Podemos deshojan la margarita, lo qué si tienen claro en el resto de los partidos, y especialmente en el PSOE, es que ese apoyo de Iglesias y los suyos a la investidura sin acuerdo echaría a los morados al monte de una dura oposición y sólo serviría para aplazar unos meses la convocatoria electoral, porque ese hipotético gobierno en solitario del PSOE ni podría aprobar los presupuestos ni estaría capacitado para sacar ley alguna de relevancia y contenido.

Es decir, un Ejecutivo maniatado y abocado a un desgaste inexorable y a convocar elecciones a menos de un año vista con una situación económica nacional e internacional que se anuncia mucho peor que la actual con consiguiente riesgo de desgaste del Gabinete y su partido, experiencia que ya llevó al desastre a Zapatero.

Una investidura sin acuerdo echaría a los morados al monte de una dura oposición y sólo serviría para aplazar unos meses la convocatoria electoral y con un escenario económico peor que el actual.

Y mientras esa sombra planea sobre las filas socialistas, en Podemos también aumentan las dudas sobre el paso a dar y la división entre quienes se mantienen en el gobierno de coalición y quienes sugieren apoyar la investidura gratuitamente para posicionarse luego como oposición, siguiendo la estrategia adelantada en la Comunidad de Madrid por VOX. Eso sí, lo que confirman en la formación morada es que, sea cual sea la decisión, todos estarán a una con el líder que es quien al final resuelve, dispone y ejecuta.

Un Pablo Iglesias que, admiten sus más próximos, se encuentra entre la disyuntiva de mantenerse en que si no hay gobierno de coalición «no hay nada que hacer» y asumir el coste de impedir por tercera vez un gobierno de izquierdas en España o humillarse una vez más para apoyar la investidura asumiendo una nueva y lacerante humillación, renunciado además a sus principios y al mandato de sus bases.

No olvidemos que el propio Iglesias sometió a consulta entre sus militantes y simpatizantes la decisión sobre la investidura y que estos refrendaron por inmensa mayoría la posición del líder y su cúpula de «o gobierno de coalición o nada», aún a riesgo de ir a unas nuevas elecciones en las que las encuestas no les son especialmente favorables. Algo con lo que presiona Sánchez, que no ignoran los morados pero que, también en muchos casos, estiman que los electores sabrán apreciar la «honestidad y la coherencia» frente a la humillación y el entreguismo. Y a todo esto la sentencia de los ERE en Andalucía y las condenas que se presumen a ex altos dirigentes socialistas amenazan con aumentar aún mas la incertidumbre. Desde ámbitos jurídicos próximos a la sentencia se insiste en que «no hay fecha», pero coinciden en apuntar «a mediados de otoño» como el momento más probable en que se emitirá el fallo.

La crisis que viene

Quienes tienen memoria de la historia reciente todavía recuerdan con pavor las declaraciones del entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, negando la crisis económica y proclamando que España tenía el sistema financiero más sólido de Europa y uno de los mejores del mundo. Mentiras, que muchos creyeron y ya vimos la que nos cayó después.

Pues ahora Pedro Sánchez nos invita a una segunda edición de aquél engaño y tras su protocolaria entrevista con el Rey en Marivent no tenía escrúpulos en felicitarse por la «buena marcha de la economía». Pues, ¡que Dios le conserve el doctorado! Porque los indicadores, que como el algodón no engañan, muestran una economía que se ralentiza y crece sólo el 0,5 por ciento en el segundo semestre; un déficit público que se dispara hasta el 2,7 por ciento en el primer semestre, el peor dato desde el rescate bancario; un sector exterior que vuelve a números rojos al pasar de un superávit de 113 millones de euros en los cinco primeros meses de 2018 a un déficit de 3.257 millones este año; una caída de las ventas de coches del 11 por ciento en julio por vez primera desde 2012; también el peor dato desde 2012 se apuntan las compras y ventas de viviendas con un descenso del 9 por ciento en junio; unas ventas estancadas en el comercio minorista que suben sólo el 0,3 por ciento en junio; un descenso de la productividad aparente del trabajador del 0,4 por ciento entre enero y marzo, por segundo trimestre consecutivo; y una pérdida de competitividad de 1,4 puntos hasta mayo.

Y si miramos al mercado laboral y siendo el segundo trimestre del año tradicionalmente el mejor para el empleo, en este de 2019 la EPA revela que el paro desciende sólo en 123.6000 personas, que se han creado 136.000 puestos de trabajo menos que en los mismos meses del año precedente y es también la primera vez desde la recuperación en 2014 que sube el paro en términos desestacionalizados entre marzo y junio, un 0,53 por ciento, el peor dato en cinco años. A todo esto se une que la creación de empresas ha vuelto a caer un 8,5 por ciento en junio y encadena tres meses consecutivos de descensos.

Y tampoco pintan bien las cartas dese el exterior que avisan de que Boris Jonhson no tiene intención de renegociar el Brexit, con graves perjuicios para nuestras exportaciones y turismo – el Reino Unido es nuestro quinto cliente comercial y el primer mercado emisor de turistas hacia España. Que Europa es la perdedora de la guerra comercial EE UU-China y se refleja ya en la producción industrial alemana que ha sufrido en junio la mayor caída desde 2009, un 8,5 por ciento menos. Mientras el FMI ha bajado las previsiones para la zona euro del 1,9 al 1,3 por ciento. Incluso en el BCE confirman que ya no pueden permanecer pasivos y los cambios en su marco normativo son un certificado para volver a la manguera de la financiación.

Esto es lo que el doctor Sánchez define como «buena marcha de la economía» olvidando, si es que alguna vez lo supo, que la expansión de la economía empezó en 2013 y la teoría de los ciclos nos sitúa en seguir creciendo hasta 2020, donde se iniciaría nuevamente el deterioro de todos nuestros indicadores. Y en España cuando los indicadores anticipan crisis, históricamente se precipita la recesión provocando anomalías en el crecimiento económico de sectores expuestos a la competencia y vinculando la caída de la competitividad a la destrucción de empleo con el desequilibrio en la balanza de pagos y en las cuentas públicas

Navarra: ni olvido ni perdono

En la Casa del Pueblo de San Sebastián, donde el cadáver de su hermano era velado por la familia socialista, el ex ministro de Justicia con Felipe González, Enrique Múgica, con la voz entrecortada se dirigió a los medios de comunicación para afirmar que «al contrario de las frases convencionales, yo ni olvido ni perdono a los asesinos, a los que los han impulsado, a los que han levantado su mano, a los que defienden o exculpan a ETA y a la violencia callejera».

Son palabras que fueron compartidas, respetadas y asumidas por una gran mayoría de españoles y por casi todos los socialistas de bien, incluidos los máximos dirigentes nacionales y locales del partido que hasta ahora habían mantenido su compromiso con el mensaje de Múgica, con las víctimas del terrorismo y con la defensa de la Constitución y la unidad de España.

Hasta ahora. Porque hoy, 23 años después del asesinato de Fernando Múgica, el presidente en funciones, Pedro Sánchez y la presidenta electa de Navarra, María Chivite, han traspasado esa línea roja del aislamiento de los terroristas negociando con sus herederos, que ni se arrepienten ni condenan. Un giro vergonzante que supone una traición a los más elementales principios democráticos y  a la memoria de Fernando Múgica, de Ernest Lluch, Fernando Buesa, Enrique Casas y de todos los socialistas asesinados por ETA, a sus familiares, al socialismo histórico y la sociedad española en general.

Una ignominia de la que también son cómplices todos aquéllos que por acción u omisión celebran o simplemente callan ante deslealtad que aleja definitivamente al PSOE de Sánchez del bando constitucional. ¿Dónde están ahora los García-Page, Lambán, Susana Díaz, Fernández Vara o incluso el mismo Felipe González?

Y no sirven las falsas coartadas de que no hay pacto con Bildu, sino que sólo reciben un apoyo a la investidura. La portavoz de la coalición abertzale, Bakartxo Ruiz, ya se encargó de recordar en el pleno que «tenemos la mano para cerrar y abrir puertas, eso está en nuestra mano».

Un ‘frankenstein’

¿A cambio de qué han conseguido Sánchez y Chivite el gobierno de Navarra? No se puede olvidar que en el caso de la Comunidad Foral la Constitución recoge la posibilidad de un referéndum para su hipotética anexión al País Vasco. De ahí el regocijo del PNV con este «Frankestein» navarro del que forma parte y del que va a impulsar la euskaldización de Navarra con la colaboración inestimable del sanchismo.

Recuerdo que un alto dirigente del PSOE, con mando en plaza en su momento, exdiputado y laminado de las listas por su oposición a Sánchez, a sus pompas y a sus obras, que en los pasillos del Congreso definía al hoy presidente en funciones como un hombre «capaz de vender al partido y a España con tal de conseguir sus ambiciones». Pues de momento ya ha puesto a Navarra en el escaparate.


PP: refundición para la bunkerización

Define la Real Academia el término refundición como la «obra que ha sido refundida para mejorarla, perfeccionarla o con otros fines». Y no fue por casualidad que Pablo Casado utiliza este vocablo para definir la Junta Directiva Nacional del PP en la que el líder popular dio un golpe de mano interno para sustituir la refundación que él mismo defendió en el Congreso de hace un año por esa refundición que más allá de la perfección y la mejora va encaminada hacia esos «otros fines» de los que habla la RAE.

Siguiendo los ejemplos de sus homólogos Sánchez y Rivera, lo que ha hecho Casado es una bunkerización en el sentido más literal de la palabra, rodeándose de una guardia pretoriana que le garantice el liderazgo acallando al mismo tiempo las voces críticas o los sectores desafectos. Un giro radical para el que, como apuntaba un destacado dirigente del partido tras la Junta, «no ha tenido reparos en vulnerar el Congreso y alterar las ecuaciones políticas que le encumbraron a la presidencia».

Si entonces laminó a los sorayos de cualquier representación en los órganos de dirección y en las instituciones, ahora lo hace con los cospedales, culminando así la estrategia aprendida de su mentor, el expresidente Aznar, y que en aquél entonces su debilidad y la división interna le impedían consumar. «Favor pagado, favor olvidado», que resumía el citado dirigente.

Y lo hace con la aquiescencia, al menos aparente, de los barones más críticos como Feijóo, Moreno o Alonso, que excusaron su asistencia y con el escaso entusiasmo de muchos de quienes allí estaban que ni aplaudieron las portavocías de Cayetana Álvarez de Toledo y Javier Maroto para el Congreso y el Senado, ni parecían muy convencidos con el mensaje de su presidente, «vacío de contenido político, refutando a los defensores de un acuerdo con Sánchez y argumentando la realidad de unas nuevas elecciones, que ahora mismo es el principal objetivo de los casadistas

Comicios que, si finalmente se repiten, van a suponer una importante renovación de caras y de nombres en las candidaturas del PP. «Quiénes crean que van a seguir en las listas de unas nuevas elecciones generales se engañan a sí mismos», se apuntaba al término del cónclave mientras los más veteranos recordaban con nostalgia que «Rajoy no permitió modificar las listas entre 2015 y 2016». ¿Cuestión de talante?: sí, pero también reconocimiento de los errores cometidos con las candidaturas de abril que llevaron a los populares al mayor desastre de su historia. Y hablando de elecciones, coincidiendo con el cónclave de los populares el fabulista Tezanos volvía a alucinarnos con una nueva encuesta a mayor gloria del caudillo Sánchez, cuyos resultados de ser creíbles, que ya dice el propio CIS que no, nos llevarían a concluir que o España está perdiendo el juicio o es Tezanos el que quiere hacer perder el juicio a España, y con nuestro dinero. ¡Tal cual!

¡No, Bonita!

El feminismo «no es un tema de mentalidades políticas, es un derecho humano que extrapola el género y es de todas». Con esta sensatez moderada en la forma pero concluyente y contundente en el fondo, respondía Patricia Ortega, la primera mujer general del Ejército español, al soflama sectario y fraudulento de la vicepresidenta Carmen Calvo, cuando en un alarde de fanatismo verbal decía aquello de que el feminismo «se lo han currado los socialistas», precedido de un «¡no, bonita!», que a quien primero deberían aplicarse es a ella misma y a algunas de sus compañeras de Gobierno.

¡No, bonita!, no. Por mucho que seas vicepresidenta a dedo, ignoras u omites amañando la verdad que el origen del feminismo moderno se remonta a los años 30 y 40 del siglo XIX, antes incluso del nacimiento del socialismo y del marxismo como doctrinas políticas y partidarias. Y desconoces también u ocultas, que dentro de las muchas diferentes ramas del feminismo existe el llamado feminismo liberal, que se caracteriza por la defensa de la igualdad de oportunidades a través de la justicia y los derechos políticos. Un movimiento y unas mujeres a los que tu fanatismo intolerante margina y parece despreciar.

 

Apropiarse de los méritos ajenos se ha convertido en el santo y seña del “sanchismo”

Apropiarse de los méritos ajenos se ha convertido en el santo y seña del «sanchismo». 

Claro que esta práctica de apropiarse de los méritos ajenos y ponerse las medallas que a otros corresponden se ha convertido en santo y seña del sanchismo y sus apóstoles y en todos los órdenes de la sociedad y la política. Así vemos cómo la señora Magdalena Valerio, a la sazón ministra de Trabajo, se apunta y presume de la importante reducción del desempleo, que está en su nivel más bajo de los últimos diez años. Pero, ¡no, bonita!, estos resultados son la consecuencia de la reforma laboral de otra mujer, Fátima Báñez. La misma que el PSOE defendía derogar y que ha posibilitado la creación de medio millón de puestos de trabajo cada año.

Y lo mismo ocurre con los datos de la economía, que en España crece por encima de las previsiones y supera a todos los grandes de la UE, y de los que se ufana y vanagloria la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Y, ¡no, bonita! este crecimiento económico es obra y gracia de los Presupuestos de Mariano Rajoy, que el PSOE descalificó y votó en contra, y con los que ahora gobierna prorrogados.

Los resultados hoy de la economía y el empleo son consecuencia de los Presupuestos y la reforma laboral de Rajoy

Otro tanto ocurre con los datos de la internacionalización y del turismo, las políticas de igualdad o la progresiva equiparación y dignificación de los autónomos. Mejoras todas ellas aprobadas o diseñadas por el Ejecutivo popular. Eso sí, a lo que han contribuido necesariamente Sánchez y su gobierno es a igualar por abajo –salvo contadas excepciones- el nivel político, parlamentario, de gestión y transparencia de sus ministros y ministras, incluida la vicepresidenta, cuya comparación con sus predecesoras en el cargo, María Teresa Fernández de la Vega y Soraya Sáenz de Santamaría, es tan inconsistente como utópica.

De intolerantes, fascistas e ignorantes

La teoría política define el fascismo como la doctrina que se caracteriza por la apología y el uso de la violencia y el autoritarismo. Un régimen represivo de la libertad y promotor de la discriminación. Y si nos atenemos a esta descripción académica no cabe duda alguna de que fascistas fueron el odio, los insultos y agresiones (las hubo) que tuvieron que sufrir los miembros de Ciudadanos durante la manifestación del Orgullo en Madrid, como fascistas son los activistas del colectivo LGTBI que las perpetraron y aquellos cafres que les secundaron.

Fascistas son también quienes imbuidos de una supuesta autoridad moral, que ni tienen ni conocen, desprecian el resultado de las elecciones y del sistema parlamentario para intentar cambiar desde la violencia y las injurias decisiones de gobiernos legítimos y democráticos, como está ocurriendo con esos grupúsculos de agitadores en el Ayuntamiento de Madrid. Minorías intolerantes entre las que se han identificado a miembros del anterior equipo de Gobierno.

Asimismo entrarían dentro de la definición de fascista, con el añadido de la exaltación del nacionalismo que es otra de sus señas de identidad, las amenazas e intento de agresión de concejales de Navarra Suma por parte de ediles de Bildu y Geroa Bai. O el escrache que tuvo que soportar el alcalde de Pamplona durante la procesión de los sanfermines; o las gravísimas ofensas, provocaciones e intentos de agresión que los independentistas y radicales dedicaron a la alcaldesa Ada Colau en Barcelona. Las mismas por cierto que sufren los ciudadanos constitucionalistas en Cataluña, incluidos los niños en colegios.

Totalitaristas que desprecian el resultado electoral y usan la violencia para el cambio

Y si no de violento, al menos de cooperador ¿involuntario? se puede calificar al ministro del Interior, Grande Marlaska, con sus declaraciones contra Ciudadanos en la previa del Orgullo y su posterior manipulación de informes policiales negando la violencia, afortunadamente desmentidos por los sindicatos policiales y los agentes que tuvieron que escoltar y proteger a Inés Arrimadas y sus compañeros. «Merecemos un Gobierno que no nos mienta», se acuerdan. Pero lo más aberrante de todo esto es la desfachatez con la que estos energúmenos, intolerantes y muchos de ellos ignorantes, califican de fascistas a quienes agravian y a todos aquellos que no comulgan con su populismo intransigente. Como sabiamente dice el refranero popular, cree el ladrón que son todos de su misma condición.

El espejismo del empleo y el roto de la competitividad

Mientras el Gobierno y el Banco de España siguen acentuando sus discrepancias sobre el impacto que la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) está teniendo ya sobre el mercado de trabajo, los empresarios que son quienes están en el teatro y no en las Musas alertan ya de el impacto negativo que los incrementos salariales están teniendo sobre la competitividad de nuestra economía y las empresas.

Los datos del Ministerio de Trabajo y de la patronal CEOE muestran como la variación salarial pactada en los convenios con efectos económicos en 2019, registrados hasta 31 de mayo, es del 2,21 por ciento, frente al 1,59 por ciento de un año antes. Subida muy superior a la registrada por la inflación en los mismos meses, el 0,8 por ciento interanual y que confrontada con los sueldos supondría una pérdida de competitividad de 1,4 puntos porcentuales que estaría agudizando la desaceleración de las exportaciones, prácticamente estancadas hasta abril, y el deterioro del déficit comercial.

Un efecto especialmente pernicioso si tenemos en cuenta que han sido las ganancias de competitividad sostenidas en los últimos años, consecuencia de la llamada devaluación interna, las que han permitido mantener los diferenciales positivos de crecimiento de la economía española respecto al conjunto de la UE y la que ha hecho posible cumplir el objetivo de creación de medio millón de empleos anuales, ahora seriamente amenazado.

Y la cosa puede ser todavía peor, si tenemos en cuenta que, como recuerdan los analistas de la CEOE, las subidas de salarios presentan efectos estáticos en el corto plazo y dinámicos en el medio y largo plazo, que se acumulan en el tiempo. Por lo que el hecho de que durante la primera mitad de 2019 el incremento de los costes salariales haya sido compatible con una cierta creación de empleo, es consecuencia de » la coincidencia de circunstancias como la estacionalidad de la economía española, el actual efecto demográfico y el momento del ciclo económico», vientos de cola que están desapareciendo y que se están sustituyendo por nubes de tormenta en forma de guerras comerciales, tensiones en los mercados energéticos e incertidumbres políticas dentro y fuera de nuestras fronteras.

Y ello, además de que, como recuerda también la organización empresarial, el efecto del incremento del SMI sobre el empleo «está influido por la diferencia entre el SMI y el salario medio y mediano de la economía, en el sentido de que cuanto menor sea esta diferencia, cabría esperar mayores efectos sobre el mercado laboral». Ahora, tras la última subida del 22 por ciento de este año, esta diferencia es sustancialmente menor, con lo que se debe ser «especialmente prudente a la hora de plantear subidas adicionales del SMI, ya que en este contexto probablemente tendrían efectos negativos sobre el empleo aún mayores que los que pueda estar teniendo el último incremento». Un aviso a los navegantes en este proceloso mar de las negociaciones políticas para la investidura y, en especial, para quienes puedan estar tentados de sentar a populistas y antisistema en la mesa del Consejo de Ministros. Y el que avisa, ya se sabe, no es traidor.

El asedio a Rivera y la ‘Gauche Divine’

Cerrado ya el mapa municipal, el eje de la actividad política patria se mueve hacia el Gobierno del Estado y las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez. Una nueva comedia de enredos y amoríos pero con la misma novia: Ciudadanos. El partido de Rivera que, como confirmaban este fin de semana algunos de sus dirigentes en Madrid, se encuentra sometido a un asedio «cada vez más agobiante» para que cambie el «no es no» al sanchismo por una abstención, al menos, o si fuera posible para sustituir a Iglesias y Podemos como socio contrayente en ese «gobierno de cooperación» como ahora gustan decir desde Ferraz y en La Moncloa.

Asedio que desde la formación naranja aseveran se estrecha desde tres frentes distintos: el interno, el externo y el internacional. El interno, alentado por los críticos a Rivera, con Luis Garicano a la cabeza, se ve ahora reforzado por los padres e ideólogos de Ciudadanos, Francesc de Carreras y Arcadi Espada. El primero, tras calificar a Rivera de «adolescente caprichoso» no ha tenido reparos en pedirle públicamente que «rectifique» para anteponer los intereses de España a los del partido. Mientras que el segundo ha estimado «ajena a cualquier sentido de la responsabilidad y de la decencia políticas» la estrategia del líder naranja en el Ayuntamiento de Barcelona. Hay que recordar que ambos referentes ideológicos fueron quienes, con la ayuda inestimable de La Caixa y Banco Sabadell, forzaron en 2016 el apoyo de Rivera a Rajoy pese a la negativa inicial de Albert.

Y la historia se repite. Porque el asedio externo viene precisamente de bancos y la CEOE, a quienes aterra la posibilidad de un Gobierno de Sánchez con Podemos y con la amenaza de Iglesias o uno de sus acólitos en la cartera de Trabajo. Las presiones de dirigentes empresariales al partido naranja son grandes y constantes, con la advertencia entre líneas de un endurecimiento de las condiciones financieras.

Estas demandas del mundo empresarial están también en el origen de los llamamientos del PSOE y el Gobierno a la abstención de Ciudadanos, con una deriva internacional en el asedio vía Macrón, quien se ha convertido ahora en el principal valedor de Sánchez en Europa. Cuentan quienes están en la pomada que le ha ofrecido ceder a España el lugar que en el Triunvirato de la UE deja vacante Reino Unido. Aunque para ello le exigen renunciar a matrimonios con populistas y a coqueteos con independentistas. Y Sánchez, que ha seducido al premier galo, quien le mira a ahora con mejores ojitos que a Rivera, está dispuesto a jugar. Pero para eso necesita que la novia naranja acepte el ménage a tròis, y por eso los avisos desde París a Rivera, que bajo los escrúpulos de los acuerdos con Vox en Ciudadanos interpretan que lo que de verdad esconden son las presiones para forzar el apoyo de los naranjas al Gobierno socialista.

Son las cosas de los políticos, que si algo saben hacer con desvergüenza es pervertir el lenguaje y prostituir las ideas y programas. Algo similar a lo que le ocurre al fracasado Manuel Valls en Barcelona, que se rasga las vestiduras si sus socios de Ciudadanos se reúnen con Vox, mientras él no tiene reparos en contaminarse apoyando a los populistas y antisistemas de Ada Colau y su Barcelona en Comú y calla cuando los socialistas flirtean con el PNV, el partido de la derecha rancia del País Vasco, y con Bildu, heredero de la ETA. Son las extravagancias y el fariseísmo de esa trasnochada gauche divine, tan incoherente como inoperante.

(Publicado den El Economista)

Luz de gas en el turismo

Qué los árboles no te impidan ver el bosque! Este dicho popular que utilizamos para indicar que detenerse en los detalles puede impedirnos percibir una situación en forma cabal, puede aplicarse hoy a la situación de la que todavía es nuestra primera industria: el turismo.

Un sector donde los árboles de los récords en las entradas y en el gasto de los turistas está ocultando el bosque de una actividad que tras años de de crecimiento muy espectaculares pero poco sostenibles se enfrenta ahora al desafío de un cambio de ciclo. Tenemos casi 14 millones de turistas prestados debido a que buena parte de nuestra competencia internacional estaba sufriendo problemas geopolíticos que ahora empiezan a desaparecer en el Mediterráneo y a ello hay que añadir que los vientos favorables que se han registrado en los últimos años como el tipo de cambio euro/dólar, los bajos precios del petróleo o la solidez del crecimiento de las principales economías europeas están desapareciendo.

Las cifras no pueden esconder la necesidad que el sector tiene de afrontar un  cambio de ciclo

Como resalta el vicepresidente ejecutivo de Exceltur, José Luís Zoreda, «tenemos que enriquecer nuestra oferta con valores que justifiquen pagar un mayor precio y el gran reto que tiene el sector es establecer unos planes de reconversión integral»y ello exige una «apuesta del Estado con visión de país para mantener un aumento medio del PIB turístico del 3 por ciento entre 2019 y 2022 que permitiría, a su vez, crecer al empleo a un ritmo del 2,3 por ciento anual». En cifras absolutas eso supondría 5.413 millones de euros más al año de actividad y la creación de 88.533 empleos netos anuales.

La recuperación de destinos alternativos y la subida del crudo abocan a una reconversión

La administración turística y las empresas deben asumir que el turismo español tiene un límite de crecimiento y que mantener nuestra actual posición de liderazgo internacional exige diversificar para terminar de reposicionar la oferta. «En palabras de José Luis Zoreda, «el reto es crecer «no a lo largo sino a lo ancho», o lo que es lo mismo reposicionarnos en un segmento de la oferta en la que el precio sea menos determinante. Es necesario transformar el producto que en el turismo no es otro que el destino, con inversiones públicas que a su vez incentiven al sector privado. Se trata de conseguir la mayor convergencia posible entre la empresa y todas las administraciones implicadas y eso implica una nueva gobernanza y exige también unificar las distintas legislaciones autonómicas cuya complejidad y demasía son un grave obstáculo a la competitividad y al crecimiento.

En definitiva el sector precisa de una reconversión profunda y urgente de la que muchos empresarios han empezado ya a tomar conciencia. Falta ahora que lo entiendan también, si es posible, los políticos de todo ámbito y condición y la sociedad en general. Aunque suene a tópico el futuro de la gallina de los huevos de oro de la economía está en juego. Ni más, ni menos.

(Publicado en elEconomista.es el 5 de junio)

Todo el poder para los soviets de la independencia

Círculos económicos y sindicales critican la pasividad del empresariado catalán

Es la consecuencia «de la pasividad y cobardía de una gran parte del empresariado catalán». Con esta rotundidad explicaba el que fuera secretario general de Comisiones Obreras, José María Fidalgo, la victoria de la candidatura independentista en las elecciones a la Cámara de Barcelona. Una opinión emitida en una conversación informal que venía a coincidir, casi con las mismas palabras, con otras opiniones escuchadas, también off the record, en círculos empresariales de Cataluña y del resto de España.

Una reflexión que Fidalgo concluía, en alusión a un destacado dirigente de la patronal catalana, lamentando que «lástima que no haya más como tú y algunos de los pocos que habéis dado la cara», mientras el aludido advertía de que «lo peor puede estar por llegar» dado el poder económico y de gestión que asume ahora la nueva dirección cameral, apadrinada por la Asamblea Nacional de Cataluña (ANC), en unos comicios en los que sólo ha participado un exiguo, 4,55% de un censo total de 423.000 posibles electores, que en su inmensa mayoría se quedaron en casa, bien por desidia o bien por miedo.

Miembros de la propia institución cameral catalana confirman que sólo en fondos y en competencias la toma de la Cámara por parte de la candidatura independentista Eines de País, deja en manos de la ANC más de 15 millones de euros de dinero en efectivo, un presupuesto de 20 millones de euros y el control del turismo, de las rutas aéreas y del Puerto de Barcelona, además de una presencia muy significativa en la Fira de Barcelona. 

El independentismo catalán rascará 20 millones de la Cámara de Barcelona

Todo esto en connivencia con la consellera de Empresa de la GeneralitatÁngels Chacón, quien ya se ha apresurado a anunciar que cambiará el sistema de financiación de la Cámara para reducir al mínimo el número de escaños de pago, lo que significa la expulsión de la institución de la mayoría de empresas que han trasladado su sede social fuera de Cataluña con Caixabank y Banco de Sabadell a la cabeza.

Y esto es sólo el principio. Porque tanto ERC como los Junts per Catalunya de Puigdmont Torra no ocultan que su gran objetivo ahora es dominar las instituciones empresariales catalanas para unir al poder político que ya detentan el poder económico y financiero que necesitan para consumar su estrategia golpista. Estrategia de la que debería tomar buena cuenta la nueva presidenta del Congreso, Meritxell Batet, que el pasado martes dio una muestra explícita de esa pasividad, y queremos creer que no fue complicidad, de la que se acusa a los empresarios catalanes permitiendo que los golpistas presos, los independentistas y los antisistema convirtieran la Cámara en un circo, humillando con su consentimiento a la soberanía popular, a la Constitución y a la democracia. Esperemos por el bien de todos que este esperpento no sea el anticipo de lo que nos espera en la legislatura.

(Publicado en elEconomista.es el 22 de mayo)

La amenaza fantasma del imperialismo comercial

Puede ser casualidad pero suena mucho a represalia. Lo cierto es que apenas cinco días después de que la ministra Margarita Robles, anunciara la retirada de la fragata Méndez Núñez del grupo de combate encabezado por EE UU en el Golfo Pérsico, el presidente Donald Trump decidía cancelar la partida de 929 millones de dólares para construir el AVE a California, proyecto en el que están involucradas tres empresas españolas. Y conociendo al personaje podemos empezar a poner en cuarentena el contrato de Navantia con la US Navy para fabricar 20 fragantes similares a la Méndez Núñez.

Un episodio más de las represalias comerciales de Trump que aunque tenga a China como foco de atención su verdero objetivo está en Europa. Porque la mayor obsesión del mandatario norteamericano es debilitar al máximo, y si puede destruir, a la Unión Europea, a la que considera su principal amenaza y competidor en la economía y el comercio internacional.

«La Unión Europea es un enemigo» ha repetido Trump en más de una ocasión, y de ahí su apoyo incondicional al Brexit o sus simpatías no disimuladas hacia los populismos eurófobos. Yes preciso recordar aquí que la imposición de sanciones al automóvil europeo sólo se ha aplazado, de momento, y que ahora acusa también a los grandes de la UE, España incluida, de ayudas ilegales a Airbus.

Algo que, junto al resto de las últimas decisiones de Washington ha puesto en máxima alerta a los empresarios y analistas económicos españoles. En CEOE, «nos preocupa muchísimo más la deriva exterior por el recrudecimiento de las guerras comerciales que la incertidumbre interna», me comentaba el pasado miércoles un alto dirigente de la patronal española en relación el recrudecimiento de las tensiones entre EE UU y China y la situación en Oriente Medio con Irán, además de sus maniobras con la UE.

Un belicismo comercial que ha obligado ya a la Organización Mundial del Comercio (OMC) a rebajar hasta el 2,6 por ciento, cuatro décimas menos, sus previsiones de crecimiento mundial en 2019, con el consiguiente impacto sobre la evolución del PIB de las principales economías del Planeta y el empobrecimiento de los países emergentes. Deterioro que este organismo explica precisamente por las tensiones comerciales y que puede ser peor si la evolución del conflicto con Irán afecta a la producción y a los precios del petróleo que dañaría especialmente a Europa.

Como primer síntoma de esta fuerte situación de incertidumbre, en la última semana el indicador de volatilidad de los mercados financieros ha crecido nada menos que un 80 por ciento, mientras que los analistas de los servicios de estudios públicos privados advierten de que esta escalada de sanciones comerciales han empezado ya a paralizar muchas y significativas decisiones de inversión con el consiguiente efecto negativo sobre la creación de empleo, también en España.

El dinero, es sabido que siente aversión al riesgo y, por eso, antes situaciones de duda o desconcierto, los inversores apuestan por refugiarlo o conservarlo. Y eso, apostilla mi interlocutor empresarial, «no es miedo o cobardía, sino prudencia y sensatez». Será.

(Publicado en elEconomista.es el 22 de mayo)

La campaña de Alfredo: la muerte del político capaz que hará una muesca en la historia

Quiérase o no, y somos muchos los que no habríamos querido, los comicios del 26-M pasarán a la pequeña historia de la política española no por los insulsos, repetitivos y poco imaginativos candidatos y mensajes de campaña, sino por la muerte inesperada de unos de los políticos más capaces, honestos y con mayor sentido de Estado que ha tenido este país.

Era Alfredo Pérez Rubalcaba un hombre de hondas convicciones socialistas y de profundo amor a España. «Primero el país y luego el partido», era el lema que quienes le conocimos y admiramos desde el periodismo pudimos escucharle en más de una ocasión, incluso en los momentos más difíciles y ante la incomprensión, a veces, de algunos de sus correligionarios.

Siempre al servicio de España era Alfredo un negociador incansable, excelente conversador, brillante parlamentario, respetuoso siempre con los adversarios y uno de los más fieles exponentes de ese espíritu de la Transición cuando los políticos llegaban a la actividad pública para servir y no para servirse, relegando sus intereses personales y partidarios en favor del interés supremo de trabajar por la democracia, la libertad, el Estado de Derecho, el progreso y el bienestar de España y de los españoles. 

Políticos que eran reputados profesionales del sector privado o del mundo académico e intelectual y no simples meritorios de las juventudes. Que buscaban el acuerdo, dignificaban el Parlamento con su oratoria y que todos respetaban las instituciones, el protocolo y las reglas de la cortesía manteniendo la dignidad que corresponde a los representantes de los ciudadanos.

Por eso, y por respeto a su persona y su memoria sería de condición miserable que algunos de quienes le arrinconaron y le combatieron desde dentro aprovecharan ahora su muerte en la campaña, como ha empezado a hacer ya Pepu Hernández en Madrid. Alfredo desde sus más profundas convicciones socialistas era radicalmente contrario y seguía con preocupación y con dolor la deriva que Sánchez estaba dando al PSOE, al Gobierno a y sus coqueteos con los independentistas. El fue, quién acuñó con éxito la frase «Gobierno Frankestein» para calificar el pacto del sanchismo con los antisistema y los nacionalistas. Era Alfredo, como tantos otros de la Transición, uno de esos políticos cuyo legado debiera ser ejemplo y referente para las nuevas generaciones y que sin embargo hasta hoy eran olvidados y hasta denostados, por algunos intolerantes, fanáticos, e irresponsables, incluso desde el mismo partido al que sirvieron y pertenecieron. Quien esto escribe tuvo oportunidad de compartir con él mesa y mantel el pasado diciembre, y escuchar sus razonamientos y sus críticas, siempre argumentada, con mesura y llenas de ironía al sanchismo y a Podemos, mientras hablaba con elogio de Rajoy.